Participación ciudadana
Hechos. Integrantes de las organizaciones sociales han sido demandados por comandar luchas ciudadanas y defensa de derechos.Canva.

La claves del poder del ciudadano

Dirigentes de casos icónicos de Guayaquil, Quito y Cuenca hablan de logros y dificultades de la defensa de derechos

La expansión urbana, las nuevas formas de relacionarse con los vecinos, el tiempo disponible y ahora hasta la inseguridad, son factores que han incidido en la acción de las organizaciones sociales en los barrios y comunidades del país.

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Las organizaciones fueron muy activas en los barrios, en los años 80, para demandar servicios básicos a los municipios. Lo lograron y así obtuvieron poder para incidir en las decisiones de las autoridades.

A inicios de los 90 su actividad bajó, hasta que entre 1995 y 2007 surge una nueva forma de organización por la búsqueda de seguridad y aparecen iniciativas como las brigadas de patrullaje barrial y forman los chats comunitarios, explica Alfredo Santillán, sociólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Desde allí se estructuran los grupos que ahora conocemos como organizaciones de sociedad civil, señala su colega guayaquileño Andrés Martínez.

Pero no solo se modifican en cuanto a su conformación, sino que se han vuelto más temáticas y tienen un interés público en lo ambiental. Los casos más visibles son los de Guayaquil y la defensa de El Salado, Quito y los procesos legales que buscan dar derechos al río Machángara y las quebradas, así como la resistencia en Cuenca contra la minería para evitar la contaminación del agua.

Los temas ecológicos “tienen mayor peso en la agenda política. Ya no es cosa de barrio sino de la ciudad. Además, antes las demandas se reclamaban en las marchas, pero ahora    los casos se exponen en redes sociales y no se necesita multitud. Pero sí requiere de gente con alto perfil”, dice Santillán.

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Aunque una de las ventajas es que pueden incidir en la opinión pública sin necesidad de convocatoria presencial, también deben afrontar los costos de esa activación. “Demanda recursos, dejar otras responsabilidades personales y exponerse ante las autoridades o empresas”, que puede generar estigmatización, indica Martínez.

La socióloga cuencana Ana Cecilia Salazar añade que, a más de esos inconvenientes, las organizaciones deben afrontar  la inseguridad. “Hace que la gente deje de salir y planifique acciones porque la calle es un lugar inseguro”, lo cual reduce la participación.

Al exponerse como representantes e integrantes de estas organizaciones también reciben amenazas y calificativos que buscan reducir y desacreditar la defensa ciudadana.

Organizaciones piden a instituciones actuar dentro de sus competencias. 

Rocío Bastidas, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, lo sabe. Ella movilizó a vecinos de otros barrios, arquitectos y abogados, quienes ‘dieron pelea’ al Municipio durante 10 años para impedir que se afecte el patrimonio del Hotel Quito. “A mí me enjuició la empresa china CRBC, pero jamás tuve miedo. Creyeron que me iban a silenciar, pero fue lo contrario porque mi temperamento es de lucha. La decisión de la gente hace la diferencia”, señala.

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Para Gustavo Rivadeneira, fundador del comité de moradores de El Salado, “puede ser un limitante la preocupación por la integridad, pero hay que buscar las fortalezas que tenemos, ver opciones y actuar con vehemencia”, enfatiza el dirigente.

Él logró reunir a los guayaquileños en 2023 para entregar un manifiesto al exgobernador Francesco Tabacchi por el tema de seguridad. “Nos tiene que impulsar una pasión, porque es gratificante ver resultados para el bien común”, recalca.

El apoyo con otras organizaciones es otro recurso para seguir. “Ser activista y defensor es un episodio muy fuerte. Hay repercusiones psicológicas por las amenazas y ante ello se plantean redes de respaldo organizativo, compartimos métodos de resistencia y de defensa”, cuenta Mishelle Calle, integrante de la organización Sinchi Warmi. Este grupo ha actuado, desde 2018, en las comunidades ante la problemática ambiental del proyecto minero Río Blanco en Molleturo, Cuenca.

Hay que entender también que las condiciones de las organizaciones mutaron por “el cambio de entorno, que es el que está generando el menor involucramiento en esas causas comunes y un apoyo más desde lo individual. La población es mucho más urbana y se cambió la idea de familia”, acota el antropólogo Florencio Delgado.

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El camino: fortalecer las organizaciones

Esas adversidades parecería que merman la organización social. ¿Cómo evitarlo? “Es difícil dar ideas de lo que se debería hacer, pero es claro que hay que regresar a la micropolítica, a la organización en pequeña escala, en el barrio, en parroquias. Veo frustración por no haber logrado los resultados esperados, pero hay que recuperar la confianza”, analiza Salazar.

Por su parte, Martínez cree que se debe presionar. “Las fórmulas ya están sabidas, se requiere más presión y dejar de despreciar la participación de los ciudadanos”. Un punto en el que coinciden los expertos es el superar la polarización que existe en el país. “Abordar las diferencias, pero ponernos de acuerdo”, recomienda Santillán.

Es crucial tener un acompañamiento psicológico y social.

Los secretos de la lucha

Generalmente se cree que la gestión de las organizaciones sociales está ligada a una hoja de ruta que incluye trámites y a qué dependencias institucionales acudir. Sin embargo, los dirigentes tienen sus claves para no abandonar las causas que defienden.

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Gustavo Rivadeneira habla de la persistencia para no cansarse de “golpear puertas”. Cree que lo más complicado es enfrentar la burocracia, pero ya tiene una fórmula para que no lo detenga: expone los casos en redes sociales, la comunidad reacciona y las autoridades han actuado para dar una solución a los problemas que identifica en su barrio u otras zonas de Guayaquil.

Rocío Bastidas considera que existen factores claves: “Hay que tener claro el objetivo que nos convoca y que involucra al barrio; no vincularse a partidos políticos, sino velar por el bien común de nuestros sectores; y mantener el mismo discurso en lo público y privado con documentación que respalde”.

Recomienda a otros dirigentes emplear todos los mecanismos que permite la Ley de Participación. “El secreto es contar con información certificada, recurrir a la academia y difundir documentos certificados. Eso demanda paciencia y tiempo, pero hay que hacerlo”.

Al igual que Bastidas, Mishelle Calle destaca la importancia de buscar aliados y “usar redes para extender invitaciones a participar y a denunciar”.

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