El CNE analiza denunciar “por interferir en el proceso electoral” al ministro Richard Martínez
El organismo electoral asegura que el primer desembolso de $ 1,3 millones que le hizo Finanzas, llegó con un recorte no consensuado
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este 18 de septiembre de 2020 que no descarta presentar una denuncia por posible interferencia en el proceso de las elecciones de febrero próximo en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez.
‘La gota que derramó el vaso’ fue la asignación de 1’353.498,77 dólares que hizo Finanzas, la tarde del jueves 17 de septiembre, para la contratación de los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales (JPE).
Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, este presupuesto entregado habría llegado con un recorte que debe ser analizado, para determinar si es pertinente o no y de no serlo se pensaría en una denuncia por infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
“No es amenaza, estamos salvaguardando lo presupuestado para cumplir el proceso electoral y defender la democracia. Si tenemos que tomar medidas de ajuste como autoridad máxima electoral en este momento, lo haremos sin dudar un solo segundo”, dijo Atamaint.
Con el recorte hecho por Finanzas a esta primera asignación, los integrantes de las JPE pasarían de percibir una remuneración prevista de 2.590 dólares a 2.300 dólares. Los secretarios de las Juntas en cambio de 1.200 dólares a 900.
El consejero José Cabrera señaló que este tipo de decisiones salariales no pueden ser tomadas unilateralmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque deben ser primero aprobadas por el pleno del CNE y también por la cartera de Trabajo.
“Esa es una clara interferencia al proceso electoral y he pedido verbalmente, lo haré por escrito, que el pleno considere la aplicación de los artículos del Código de la Democracia referentes a esta infracción”, señaló el funcionario.
A finales de agosto, la mayoría del CNE conformada por Atamaint, Cabrera y Esthela Acero aprobaron un presupuesto general para los comicios de 2021 que supera los $ 114 millones.
Las infracciones electorales pueden ser castigadas con multas, la suspensión de los derechos políticos y de participación o, incluso, con la destritución.
