CNEL acumula recursos legales en su contra

Cambios de dirección. Los reclamos por los excesivos cobros en las planillas de luz ya no apuntan únicamente a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), sino al Ministerio de Energía y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No renovables (Arcernnr).

La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de acción de protección contra las entidades antes mencionadas para que se declare la violación a los derechos de las personas usuarias del servicio que presta la entidad en Ecuador.

Ayer debió instalarse una audiencia por la acción de protección solicitada, pero a última hora fue suspendida debido a que el juez consideró que la ausencia de los representantes de las entidades pudo motivarse por el reciente cambio de autoridades.

“No estaban representantes de la CNEL, de la agencia de regulación. El juez convocó a correos electrónicos y se puso en duda los correos a los que se remitió por el cambio de autoridades y el juez prefirió hacer una nueva notificación a los correos actuales de las autoridades y garantizar el derecho a la defensa”, dijo la delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas, Mirelli Icaza.

La nueva fecha para la diligencia será a las 09:00 de este viernes 2 de julio, convocada por la Unidad Judicial de Tránsito, en Quito.

Desde el departamento jurídico de la CNEL se informó que el juez no “ha notificado a los representantes de las entidades con la calificación de acción de protección en legal y debida forma”, estipula el comunicado remitido a Diario EXPRESO.

Mientras que el Ministerio de Electricidad no emitió una respuesta hasta el cierre de este informe.

El pedido de la acción de protección incluye que se adopten tarifas diferenciadas con efecto retroactivo, considerando el período de confinamiento total y parcial desde marzo de 2020 hasta la presente fecha.

Además que ejecute la actualización de la base de clientes de la tarifa de la dignidad de acuerdo a los quintiles 1 y 2 de pobreza.

Y, a diferencia de otras solicitudes como el de la Presidencia y de la Asamblea Nacional en relación al corte del servicio eléctrico, se dispone la prohibición del corte del servicio a los hogares que tengan personas con discapacidad severa, enfermedades catastróficas, huérfanos y otras condiciones sociales que al suspender la llegada de electricidad “sea un agravante a su dignidad”, señala el documento de la Defensoría.

No obstante, este no es el único recurso legal presentado por las irregularidades en los cobros. A mediados de este mes, el legislador del Partido Social Cristiano Luis Almeida, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Guayas en contra de Diego Maldonado Recalde, exgerente de la CNEL y otros exfuncionarios, además de contratistas para que se investigue la procedencia de los cobros injustificados en las planillas.

Una semana después, el asambleísta independiente César Rohon, junto con el presidente de la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Daniel Noboa, presentó ante la Fiscalía General del Estado otra denuncia por el mismo tema, luego de la recopilación de reclamos ciudadanos.

Actualmente la CNEL señala que hasta ayer se ha revisado un 40 % de los medidores de luz pertenecientes a los clientes con tarifa residencial, que significan más de 250.000 usuarios. Este proceso debió culminar el pasado 23 de junio.

Según indicaron, la revisión es diaria y se prioriza a los clientes que han presentado reclamos por facturación.

En relación a las medidas compensatorias estipuladas por el presidente Guillermo Lasso, la entidad calcula que a un promedio de 1’800.000 beneficiados se les cobraría un equivalente de lo facturado en abril y mayo de 2019 si su consumo es menor a los 500kWh en los mismos meses de 2021.