Coca Codo Sinclair: Una catástrofe anunciada con culpables a la vista

Quizá lo más trágico de la apocalíptica noticia de que la central hidroeléctrica Coca Coda Sinclair podría colapsar en tres o cinco años y dejar al país en la más calamitosa ruina es que esto pudo haber sido evitado. 

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En otras palabras, si las cosas se hubieran hecho desde el inicio como se deben hacer, como lo haría un adulto responsable o un buen padre de familia, el Ecuador probablemente se estaría ahorrando el disgusto de conocer el terrible informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. que dice que el proceso de erosión regresiva en el río Coca podría alcanzar al centro de captación de agua de la hidroeléctrica en apenas tres años y salir por completo de servicio con las consecuencias que aquello supone: cerca de tres mil millones al agua, una crisis energética de los mil demonios y otros gastos que todo esto supone.

La noticia no es pelo de cochino. Para comenzar, hay que considerar que el informe de marras fue elaborado por el organismo que es considerado como uno de las mayores si no la mayor autoridad en ingeniería, sobre todo en ingeniería hidráulica, del mundo: el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Entonces, no se lo puede tomar como una referencia alarmista hecho con ligereza. 

Se trata, además, de un estudio de 60 páginas, muy técnico, lleno de datos y que se toma en cuenta distintas variantes que van desde el modelo predictivo para medir el avance de la erosión hasta los depósitos de sedimentos aguas abajo que, dice, van a ocasionar un fenómeno al que llama de “remanso”, que podría producir la inundación de la ciudad del Coca, ubicada varios kilómetros río abajo. En definitiva, es un estudio hecho por un organismo que no se va a jugar el prestigio de más de cien años, lanzando tesis conspiranoicas.

¿Entonces qué se pudo hacer para que la pesadilla que anuncia el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. no existiera? Sencillo, un estudio de riesgo ambiental, de factibilidad y de riesgos geológicos y sísmicos hecho antes de construir esa central en una zona llena de las mayores complejidades volcánicas y sísmicas de toda la región. 

El estudio que le hubiera salvado al Ecuador de esta pesadilla no existe porque los gestores de la obra tenían como prioridad al menos dos cosas: la premura para arrancar la obra y el interés de no hacer licitación internacional porque eso impedía entregar la obra a dedo. 

Esta ausencia de un estudio ambiental serio y profesional se remonta a los meses previos al inicio de la contratación de la obra. Rafael Correa, entonces presidente de la República, estaba interesado en que se haga el proyecto y en algún momento entre el 2007 y el 2008 le consultó al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, si le otorgaría el crédito.

El BID respondió positivamente, pero le dijo a Correa que primero había que hacer un acuerdo de pre-inversión. Este acuerdo significaba un estudio de riesgo ambiental, así como de las condiciones sísmicas y geológicas de la zona. 

Significaba además hacer un estudio que los técnicos de ese organismo llaman “acumulativo”, porque incluía toda la cuenca del río en las zonas de influencia de la obra. 

Para hacer ese estudio, el BID le ofreció a Correa entregarle un préstamo de cinco millones de dólares con la promesa de que, si todo iba bien, ese dinero pasaría a ser parte del crédito global de la obra. Eso sí, ese organismo le hizo una advertencia a Correa: hacer ese estudio tomaba al menos un año y medio o dos, lo que significa que la licitación internacional para entregar la obra iba a demorar ese tiempo. Como se sabe, el BID no financia obras que se entregan a dedo; es decir, sin licitación pública internacional.

A Correa esta advertencia no le gustó nadita: él no quería esperar dos años y tampoco quería hacer la licitación. Le resultaba mucho mejor hacer todo el proceso con los chinos: con ellos, la obra arrancaría muy rápido y no tenía que someterse a procesos públicos para la contratación. Todo más rápido y opaco, claro. Correa les dijo a los técnicos del BID que se guardaran su oferta porque él ya tenía el crédito de la China y la constructora.

Así fue cómo se hizo la obra sin el estudio de riesgo ambiental de rigor en una de las zonas más riesgosas de la región. Según una investigación que el New York Times publicó en 2018, ni siquiera se calcularon los flujos históricos de agua del río porque había un estudio hecho por una empresa mexicana que advertía que, si se construía una presa en ese lugar, no podía ser tan grande como la que proyectó el gobierno de Correa. 

Coca Codo está construido como está y en el lugar en el que está porque todo fue hecho a la medida de los intereses de sus promotores y no de las condiciones naturales, geológicas y sísmicas que un estudio como el que ofrecía el BID seguramente hubiera advertido.

Lo del informe y posterior memorándum de los militares de EE.UU. a la Celec produce además otra interrogante que ya no tiene que ver con Correa sino con las nuevas autoridades del sector eléctrico. ¿Cómo es posible que el ministro (e) de Energía, Roberto Luque, recién se enteró del informe a raíz de la publicación que hizo el portal Primicias que lo obtuvo gracias a una filtración? 

Es evidente que a Luque le ocultaron los documentos y que únicamente cuando los datos salieron publicados pudo enterarse de lo que decían.

¿Si el estudio es de febrero de 2024, por qué recién sale a la luz ahora? Si se considera que se han perdido tres meses para emprender las obras de mitigación que recomienda el estudio, resulta que la teoría del Gobierno sobre un boicot en el sector eléctrico no parece ser tan fantasiosa como se pensó.

Es de esperar que aún se esté a tiempo de hacer al menos el dique que recomienda el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para mitigar los efectos de la erosión regresiva. Si Coca Codo llega a colapsar, el Ecuador entraría en un estado ruinoso del que difícilmente podrá salir.

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