Código de Ética, la acción más allá de la normativa para lo público

Ser y parecer. La actuación que en la vida pública proyecte un funcionario al servicio del Estado se ha ceñido en los últimos gobiernos a normativas que buscan evitar actos deshonestos. Un intento que, en anteriores administraciones presidenciales ha terminado en procesos judiciales.

Una realidad que la COVID-19 dejó al descubierto con una pandemia que, en paralelo, carcomió al país con cientos de casos de corrupción que involucraron a exfuncionarios públicos de todo nivel; y que el presidente Guillermo Lasso procura revertir con un nuevo Código de Ética.

Pero, “más que la letra muerta de la norma, va a depender mucho de la ética del funcionario, porque si de ley se trata, ya está elevado al rango constitucional, el no mentir, no robar y no ser ocioso; se encuentran criminalizadas conductas en nuestra legislación penal, cuando se atenta contra bienes jurídicos protegidos como la correcta administración pública”, señala Juan Jiménez, analista político y catedrático universitario.

Sin lugar a dudas, añade, el presidente Lasso quiere marcar una notable diferencia con otros gobiernos, implementando este Código; “y no es para menos, ante tan vergonzosos escándalos de corrupción que hemos sido testigos en estos últimos 20 años y que han sumergido al Ecuador en la más profunda crisis económica de la historia”.

Casos como Sobornos 2012-2016, que involucró al expresidente Rafael Correa y funcionarios de alto rango de su Gobierno;o Las Torres, que investiga a exfuncionarios de la administración de Lenín Moreno y de la Contraloría General del Estado en presunta corrupción, dan cuenta de lo poco efectivo que    resultó la norma que crearon para evitar esos actos.

Sin embargo, “el Código de Ética son como reglas mínimas que debe observar cada funcionario público para actuar de una manera correcta, honesta, transparente. Si las personas que ingresan a trabajar fueran todas correctas, honestas no se necesitaría ningún código, pero sí es necesario que haya algo que regule qué hacer y qué no hacer”, sostiene Antonio Gagliardo, exjuez de la Corte Constitucional del Ecuador.

Por ello, ve correcto lo que ha hecho el actual presidente de la República sobre los lineamientos de lo que es su Gobierno, pero considera que "eso dependerá más de la actitud de cada funcionario, cumpliendo lo que el sentido común, la moral, la honestidad le manda a cumplir". Y, de la mano del Código sugiere la creación de una línea donde se pueda denunciar los actos incorrectos.

Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, confía en que la nueva normativa no sea “albarda sobre albarda”, ya que no solamente en la ley, sino en la Constitución está dicho todo y más de lo que dice el Código de Ética. “Admitamos que lo que abunda no hace daño. Ojalá no se repita que hecha la ley, hecha la trampa”, manifiesta Ramírez, al poner como ejemplo la prohibición del nepotismo que se burla mediante “intercambios de cargos públicos”. O, la prohibición de reuniones en los despachos ministeriales u otros; o el registro obligatorio de las mismas, que también pueden burlarse al estilo de las reuniones de connotados y hoy enjuiciados funcionarios públicos.

Coincide con el exjuez Gagliardo en que lo más importante es la probidad y ética de a quienes se designa para una función o cargo público, así como la participación ciudadana, garantizada por una Ley de Protección al Denunciante. 

"Hasta ahora algunos periodistas de investigación y la CNA son de los pocos que pese a la represión y persecución hemos mantenido y nos mantendremos vigilantes sobre cualquier acto reñido con la ley y la ética en el ejercicio del poder del Estado, a cualquier nivel", advierte el activista al  sostener que en los actos de corrupción hay responsabilidad compartida entre el funcionario designado que lo comete y el que lo escogió y nombró; "ambos deberían ser juzgados".