El Código Penal, listo; la ley de registro de violadores, en el limbo

Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) están listas para entrar en vigencia. El veto del Ejecutivo tuvo escasa fortuna: el Pleno de la Asamblea acogió, la mañana de este 17 de diciembre, solamente 12 de las 37 objeciones presentadas por la presidencia; en las 25 restantes, se ratificó en sus propias propuestas con más de los dos tercios de los votos que exige la ley, incluidos los de la bancada oficialista que, una vez más, dio la espalda a su gobierno.

Pero en la sesión de hoy, continuación de la de ayer, había otra votación pendiente: sobre la Ley Revaas, que proponía la creación de un registro de violadores de niños pero fue vetada por la Corte Constitucional. Sólo había una opción: acoger el dictamen de la Corte, que es de cumplimiento obligatorio, y archivar la ley. Eso no ocurrió: tanta indignación provocó la declaratoria de inconstitucionalidad en los legisladores que algunos de ellos (incluida la ponente: Lourdes Cuesta) habían decidido la víspera invocar su presunto derecho a la resistencia. El presidente, César Litardo, prefirió no arriesgarse y no hizo correr la votación. Será otro día, quizá nunca. La ley quedó en el limbo; y la Asamblea, en desacato.

Entre las objeciones presidenciales al COIP que fueron aceptadas por la Asamblea se encuentran los vetos de la Corte Constitucional: no habrá comiso de bienes sin sentencia en casos de corrupción ni posibilidad de juzgar en ausencia a los acusados de delitos sexuales. Ambas propuestas fueron rechazadas por inconstitucionales. Sí se aprobaron, en cambio, el comiso ampliado y a terceros, así como la propuesta de privar a los sentenciados por femicidio y violación de menores del derecho de acceder a rebaja de penas.

Otras reformas: se endurecen las penas para el agiotaje (especulación); queda sin efecto la penalización del comercio de suero de leche; se adoptan medidas para proteger la identidad de los denunciantes de actos de corrupción; se despenaliza la pelea de gallos: estos animales quedan fuera de la definición de “fauna urbana”; se ratifica la figura de la desaparición no voluntaria como delito penal; se otorga a los miembros de la fuerza pública mayores garantías para el cumplimiento de su deber; se establecen una reglas mínimas sobre el uso progresivo de la fuerza.

Las reformas entrarán en vigencia una vez publicadas en el registro oficial.