Colectivo advierte del riesgo de la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana
La organización Voces por la Democracia señala que la propuesta de consulta popular "aumenta el ya excesivo poder del Ejecutivo". Recuerdan la "metida de mano a la justicia" del expresidente Rafael Correa. Plantean un mecanismo alterno
La mañana del 26 de octubre de 2022, el colectivo Voces por la Democracia se agolpó en los exteriores de las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para advertir que "el remedio propuesto por el presidente Lasso es peor que la enfermedad", en referencia a uno de los temas de la consulta popular.
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Leer másSegún la organización, si bien es cierto que coinciden en la "necesidad de quitarle al Consejo de Participación la capacidad de designación y nominación de las autoridades de control", no están de acuerdo con el mecanismo del presidente de la República, Guillermo Lasso. "La propuesta presidencial muestra un diseño donde se aumenta el ya excesivo poder del Ejecutivo", señalaron e hicieron hincapié en que también desconoce al Legislativo.
La sexta pregunta de la propuesta de consulta popular presentada por el Ejecutivo a la Corte Constitucional propone la eliminación de la facultad de designación de autoridades al Consejo de Participación y redirecciona esa responsabilidad a la Asamblea Nacional, tras una terna que será enviada por la Función Ejecutiva.
Asimismo, Voces por la Democracia recuerda que, en 2011, el expresidente Rafael Correa realizó al "meter la mano a la justicia" realizar cambios en el sistema como "la libre postulación de las personas para poder acceder al Consejo de la Judicatura". Según el colectivo, la propuesta de Guillermo Lasso ratifica esa estructura "e incluso la empeora".
En ese sentido, la organización recordó que desde abril de 2022 han presentado una propuesta de consultas que apuntan a resolver la crisis institucional del país. Respecto al Consejo de Participación, proponen la creación de comisiones de selección integradas delegados del Ejecutivo, el Legislativo, las universidades, colegios de profesionales y sociedad civil. Esta mesa tendría el objetivo de realizar un proceso público de calificación de méritos y oposición para escoger seis nombres (con paridad de género) para que, posteriormente, sean nombrados por la Asamblea Nacional.
