El colectivo Yasunidos denuncia a cinco exconsejeros del CNE por falsificación

El colectivo Yasunidos, encabezado por Esperanza Martínez y Pedro Bermeo, pidió a la Fiscalía que investigue el presunto delito de falsificación y uso de documento falso en contra de cinco exconsejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). La denuncia obedece a posibles irregularidades en la invalidación de las firmas presentadas para la consulta popular sobre la explotación de petróleo en la reserva Yasuní, ubicada en la Amazonía.

Los Yasunidos explicaron en su escrito presentado en la Fiscalía General este martes 26 de enero de 2021 que, después de un proceso de recolección de firmas a escala nacional, cumplido entre octubre de 2013 y abril de 2014 juntaron más de 757.623 firmas de personas que apoyaban la iniciativa de consulta popular.

Bermeo señaló a este Diario que la denuncia que presentaron es por falsificación ideológica en contra de todos los exconsejeros del CNE en 2014, cercanos al correísmo y recoge todas las evidencias que han salido a la luz en los últimos meses.

El 6 de mayo de 2014, el expresidente del organismo electoral Domingo Paredes, informaba que Yasunidos alcanzó 359.761 firmas validas. Pero el número no era suficiente para la realización de la consulta. En ese entonces se aseguró desde el CNE que en los formularios de recolección hubo firmas repetidas de dirigentes del grupo en hasta nueve veces. 

Para impulsar la consulta los Yasunidos requerían 584.323 rúbricas que en ese entonces correspondían al 5 % del padrón de 2013.

En su escrito Yasunidos señaló que las firmas fueron entregadas el 12 de abril de 2013 al CNE en cajas que contenían 107.088 formularios que representaban 856.704 registros o firmas. Dicen que para la entrega recepción de las firmas el Consejo requirió a la Notaria Vigésima del Cantón Quito que constate la recepción de las firmas referidas.

Yasunidos presentaron una comparación de las firmas presentadas para la consulta con las de las cédulas de identidad de quienes les apoyaban y las que fueron anuladas por el organismo electoral por ser presuntamente falsas. 

"Presentamos una selección, por ahora preliminar, de los numerosos casos que hemos detectado en los que el Consejo Nacional Electoral rechazó firmas de modo manifiestamente irregular", señalan en la denuncia. Afirmaron que han cotejado tres documentos para que la Fiscalía los verifique. Para ello adjuntaron anexos. Uno es de una auditoría independiente al proceso administrativo que se dio a la iniciativa de consulta popular presentada por el colectivo, entre otras.

Pablo Encalada es uno de los abogados que patrocina la denuncia. Señala que el delito de falsificación de documento público prescribe en siete años, es decir en mayo de 2021. Insiste que, iniciada la instrucción fiscal, se interrumpen los plazos de prescripción. Solicitan la apertura de la investigación previa. Esperan que la Fiscalía actúe "en función del principio de oportunidad (195 de la Constitución); dando prioridad a los casos que ameritaba, como este".

Entre otras diligencias sugieren que se reciban las versiones de los tres expertos que realizaron la auditoría independiente al proceso administrativo, al periodista que publicó la investigación “La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el Yasuní”, sobre el proceso de verificación de las firmas. 

También pidieron que se requiera al Consejo de Participación Ciudadana una copia certificada de la resolución del 20 de marzo de 2019 en la que se declara que se violaron los derechos de participación de quienes firmaron los formularios para respaldar la realización de la consulta solicitada por el Yasunidos. 

Además, piden que con el afán de preservar las evidencias del ilícito, una vez obtenida la orden del juez, se realice un allanamiento a las bodegas del CNE en el sector Carcelén, Quito, para que se incauten los cartones que contienen las firmas presentadas y que sean ingresadas en cadena de custodia a Criminalística de la Policía.

EXPRESO buscó la reacción de las exautoridades del CNE. Al menos dos están fuera del país. Casi todos cambiaron los números de celular asignados durante sus funciones. Solo Nubia Villacís respondio: "Es político, quieren llamar la atención al calor de la campaña electoral para intentar favorecer a alguien... eso es todo".