Colectivos de la Amazonía reiteran su oposición al acuerdo comercial con China

Colectivos sociales y ambientalistas de las provincias amazónicas reiteraron este lunes 5 de febrero su oposición a la ratificación por parte de Ecuador del acuerdo comercial suscrito con China, que convierte al país andino en el cuarto de Latinoamérica en tener un tratado de libre comercio de este tipo con el gigante asiático tras Chile, Perú y Costa Rica.

Estas organizaciones instaron en un comunicado a los asambleístas ecuatorianos a votar en contra del tratado de libre comercio en la sesión del pleno de la cámara donde el martes se reanudará el debate sobre su ratificación.

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Como argumentos en su posición esgrimieron que el acuerdo firmado en mayo pasado bajo el mandato presidencial de Guillermo Lasso (2021-2023) exacerbaría las múltiples crisis de derechos ambientales y colectivos que viven los pueblos de la Amazonía ecuatoriana e introduciría nuevas fuentes de contaminación y conflictos ambientales y sociales.

Asimismo, sostienen que el tratado de libre comercio convertiría a Ecuador "en uno de los vertederos que usa China para sus desechos plásticos, electrónicos y de sustancias altamente tóxicas químicas y radioactivas", pues creen que flexibilizaría controles ambientales y permitiría el ingreso de sustancias químicas y radioactivas de alta tocxicidad y de elevados niveles de metales pesados.

Según estos grupos, el acuerdo comercial abriría la puerta a que China instalase en Ecuador un vertedero de este tipo ya que "países como Tailandia y Vietnam que importaban desechos de China planifican implementar prohibiciones o restricciones a estas actividades dado sus efectos contaminantes".

"Ecuador ya enfrenta una grave crisis sanitaria para la gestión de sus residuos, que tiene rellenos sanitarios, celdas emergentes y basurales a punto de colapsar y que recicla tan solo un 5 % de los desechos", añadieron.

Otro argumento en contra es que 'perjudicaría' la soberanía alimentaria de Ecuador y potenciaría la deforestación con la introducción sin pagar aranceles de semillas transgénicas y la 'sobreexportación' de alimentos a China, lo que temen que potencie la pérdida de biodiversidad y la contaminación y degradación de sueldos por el uso de fertilizantes y monocultivos.

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"El TLC potencia y da continuidad a las experiencias negativas del pueblo ecuatoriano con proyectos chinos que no solo tienen graves problemas ambientales y de consulta previa, pero que varias veces también apoyan a actividad ilícita como la minería ilegal que empeora nuestra inseguridad", sostuvieron este grupo de organizaciones.

En ese sentido, incidieron en el caso de la minería ilegal que se suscita en torno al enclave de Yutzupino, en la provincia de Napo, donde "se ha denunciado una invasión por parte de operadores mineros ilegales" vinculados, según estos colectivos, a una empresa de capitales chinos.

Para estas organizaciones, el acuerdo comercial "brinda impunidad al mal comportamiento de empresas chinas operando dentro del Ecuador, ya que en la mediación y arbitraje de conflictos no se pueden alegar derechos constitucionales ni internos ecuatorianos ni alegar su violación".

Entre los grupos firmantes del comunicado están la Alianza por los Derechos Humanos, Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), Alianza Basura Cero, Ecuador Decide Mejor sin TLC y Acción Ecológica.

Con la firma del acuerdo en mayo de 2023, el Gobierno buscaba catapultar el intercambio comercial con la primera economía del mundo en número de consumidores después de que el comercio bilateral entre ambos países haya aumentado en los últimos años hasta alcanzar en 2022 los 12.295 millones de dólares.

Mientras las exportaciones ecuatorianas a China llegaron en 2022 a 5.843 millones de dólares, las ventas chinas a Ecuador supusieron 6.452 millones de dólares.

El tratado permitirá liberar de aranceles para el ingreso a China de manera inmediata al 50 % de la oferta exportable de Ecuador, lo que llegará al 99,6 % en el transcurso de diez años, ya que habrá desgravaciones paulatinas en otros productos.

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