El combate a la corrupción urge de más apoyo legal para una real sanción

Arroz verde, diezmos, reparto de hospitales; compra de insumos médicos para la COVID-19, pruebas rápidas y fundas para cadáveres con sobreprecios... La lista de los casos de corrupción es larga y, lo peor, no se detiene, a pesar de las sanciones que se aplican, pero que no reflejan una real lucha contra ese daño colateral que sufre la sociedad.

La emergencia sanitaria que se decretó por el coronavirus SARS-CoV2 ahondó no solo la crisis económica en Ecuador; también agudizó la moral de la cosa pública, desde donde se desvelan nuevos actos que van contra todo principio y leyes permeables. Expertos en Derecho Penal y Constitucional consideran que debe reforzarse esa persecución que en los últimos meses se ha emprendido contra los delitos de cuello blanco y de corrupción, para ir cortando esa metida de mano en los fondos públicos y que los responsables sean castigados de manera ejemplar, en todos sus niveles.

“Debe haber un tipo penal más especial, con un tipo de procedimiento más expedito en investigaciones cuando se cometen delitos en hospitales, la compra de insumos médicos, porque no se puede jugar con la vida, la salud de las personas”, señala el exjuez constitucional Antonio Gagliardo.

Considera que la Fiscalía en esta clase de delitos de corrupción debe tener más atribuciones; inclusive, aquellas que dependen de los jueces. “Por ejemplo, que los fiscales puedan, en caso de emergencia, ordenar la prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas, prohibición de cambios de propietarios, de acciones, bienes muebles e inmuebles, como acto urgente, que no necesita solicitar a un juez”.

De su experiencia como exfiscal de la provincia del Guayas, Gagliardo reconoce que en el trámite para lograr la detención de una persona con fines investigativos se pierde mucho tiempo, lo que genera en ocasiones que el sospechoso se vaya del país.

“Los fiscales deben tener esa atribución de poder dictar esas medidas temporales hasta que se consiga una orden judicial”, opina el exjuez, al recordar lo que ocurrió con Salcedo, quien es investigado por delitos de peculado y fraude procesal.

El joven empresario intentó salir del país con otra identidad, mientras se lo investiga por la compra de fundas para cadáveres, adquiridas por el hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dentro de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Pero cómo esperar cambios ejemplarizadores y contundentes desde esa instancia, si “la corrupción en nuestro país ha infectado los tres niveles del Estado central a través de los múltiples escándalos que hemos sido testigos los ecuatorianos, por el caso de los repartos de los hospitales a los asambleístas como cuotas políticas. Toda esa trama de corrupción que también se ha evidenciado en otro nivel de gobiernos (...) prefecturas (...) autónomos descentralizados cantonales o municipales”, reseña el catedrático Juan Jiménez. En su opinión, el endurecimiento de las penas no soluciona el problema de los actos delictivos, pero sí se deben priorizar las acciones de políticas a largo plazo.

“Si queremos hablar de un aspecto legislativo (...) de pronto sería como un aporte que se tramite la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que fue en su momento conocida por la Asamblea Nacional, pero que sorprendentemente los legisladores de este último período no le han dado mayor importancia y ya vemos que todo esto tiene su fundamento”.

Jiménez cree que la lucha contra la corrupción puede ser fortalecida con esa ley, tomando en cuenta que trae consigo un conjunto de artículos que regulan acciones tendientes a extinguir el dominio de bienes provenientes de actividades ilícitas, situados tanto en el Ecuador como en el extranjero.

Hace dos semanas, la Asamblea inició la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, más conocido como Ley de Extinción de Dominio.

La Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas (AMAG), presidida por la exfiscal Ana María Olarte, apunta a los partidos y movimientos políticos, a quienes exige que “asuman su responsabilidad política por ofertar como opción electoral gente sin trayectoria social ni escrúpulos que han participado en actos de corrupción abominables, especialmente en el sistema de salud, causando la muerte de miles de personas”.

Vigencia

El pasado 21 de junio entraron en vigencia 127 reformas al COIP. Entre ellas, se refuerza el comiso de terceros por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. 

Sanciones

Las penas por los delitos de corrupción van de 1 hasta 13 años de cárcel. Cometerlos durante una emergencia agrava y aumenta un tercio a la pena máxima.