Comisión analiza la viabilidad de 16 solicitudes de amnistía
El presidente de la mesa legislativa de Garantías Constitucionales prevé entregar el informe este viernes
Este lunes 7 de febrero de 2022, la Comisión de Garantías Constitucionales empezó con el análisis de borrador de informe sobre las solicitudes de amnistías e indultos. Según uno de sus miembros, se tendrá que analizar el contexto de 16 casos para verificar si aplican o no al instrumento jurídico.
Por ello, la mesa legislativa pidió revisar el artículo 7 del Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional. Esto, según la integrante de la mesa legislativa y asambleísta de la alianza Minka Por la Vida, Sofía Sánchez, se debe a que "si bien 16 personas han sido judicializadas por secuestro, es necesario analizar en qué contexto se produjeron esos hechos".
El asambleísta @GruberZambrano, menciona que existe fallas en el informe y propone solicitar a la @AsambleaEcuador una prorroga de 20 días más para la entrega del mismo. Esta moción es apoyada por el asambleísta @VSaquicelaE. pic.twitter.com/oYDAiuNblR
— Garantias Constitucionales, Derechos Humanos (@DerHumanosAN) February 7, 2022
Por su parte, la asambleísta de UNES, Victoria Desintonio, indicó que también hay que considerar los casos de las personas que están privadas de la libertad por defender sus derechos, sus territorios y la naturaleza o por administrar la justicia indígena. ""Debemos ser responsables con el pueblo ecuatoriano sobre dar tramite el tema de las amnistías, ya perdimos a un compañero Victor Guaillas", expresó Desintonio.
Por otro lado, no se presentó observaciones a los casos de judicialización a los defensores de la justicia indígena y de los territorios comunitarios. Además, el presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, dio un plazo de 12 horas a los miembros de la mesa legislativa para que completen la documentación para el informe de amnistías.
Según indicó la mesa legislativa, los más de 300 procesos revisados están relacionados con el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019; la judicialización por defender los derechos de la naturaleza y ambientales; los defensores de la administración de justicia indígena de los territorios comunitarios.
