Comisión aprueba informe para primer debate de la ley para recuperar activos

La mesa de Régimen Económico aprobó este 29 de enero de 2024 el informe para primer debate de la ley urgente para la recuperación de activos de actos ilícitos propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa.

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El documento, que fue aprobado por ocho de los nueve integrantes de la comisión, realiza cambios a la propuesta original en cuatro categorías: optimización de tiempos procesales, medidas cautelares, procedimiento y garantías; y mejoras y destino del presupuesto.

Respecto a los tiempos, el informe señala la prescripción de 80 años de la acción, una investigación patrimonial por seis meses, notificación de la investigación en siete días, cinco días para la renovación de medidas, acción de extinción de dominio dentro de 15 días (desde la notificación de Fiscalía) y prórroga de hasta cinco días para la sentencia de la extinción de dominio.

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También se propone que Fiscalía no solo pueda solicitar la prohibición de enajenar bienes, sino también medidas cautelares. Respecto al destino de los recursos, se indica que el 80% vaya a proyectos de inversión social, erradicación de desnutrición y trabajo infantil; 10% para mejora de procesos de Fiscalía y 10% en infraestructura y desarrollo de GAD rurales.

Por otro lado, sobre el uso de armas utilizadas en delitos, el documento señala que estas puedan pasar, previo a un análisis pericial, a manos de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, según sus necesidades. Las armas o explosivos que no cumplan con las características necesarias, deberán ser destruidas.

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En el ámbito de la contratación pública, el informe para primer debate de la ley urgente del presidente Noboa propone agregar un objetivo al Sercop enfocado a la anticorrupción. También se indica la creación de unidades antilavados dentro del sistema de contratación.

Tras la lectura del informe, los asambleístas Juan Pablo Molina y Christian Vega expresaron su preocupación por la aplicación de la extinción de dominio a bienes lícitos, cuyo origen no ha sido determinado mediante un debido proceso. Señalaron que hacer eso podría infringir el debido proceso y el derecho a la defensa.

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