La Comisión de Fiscalización busca ampliar las causales del juicio político a  Romo

Los primeros argumentos enfilados hacia la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El trámite del juicio político a la funcionaria recibió los primeros alegatos, en este caso, de los interpelantes, quienes expusieron sus líneas argumentales para sostener su objetivo: la destitución y censura de la funcionaria. Además, podría dar un giro en las causales.

Casi al finalizar la sesión de ayer en la Comisión de Fiscalización, el legislador socialcristiano Dennis Marín mocionó que la mesa solicite al presidente de la Asamblea, César Litardo, remita los documentos de alcance al juicio político solicitado el pasado 10 de septiembre por los interpelantes o certifique su estado. Dentro del alcance mencionado está el informe de investigación de la Comisión Multipartidista de las denuncias al exlegislador Daniel Mendoza sobre los hechos de corrupción en el contrato de construcción del hospital de Pedernales.

La moción pasó con los votos justos. Seis legisladores de los 11 (Dennis Marín, Jaime Olivo, Elio Peña, José Serrano, Mercedes Serrano y Marcelo Simbaña) votaron a favor de la moción. Mientras que los restantes cinco asambleístas (Absalón Campoverde, Esteban Melo, Franco Romero, Bairon Valle y Noralma Zambrano) se abstuvieron.

Antes de esta inesperada moción, los comisionados escucharon los alegatos de los interpelantes. El legislador y uno de los tres, Roberto Gómez Alcívar, empezó la descarga de argumentos vía Zoom. Pese a que el pedido de juicio político se circunscribe al supuesto incumplimiento de funciones de Romo en el marco de los hechos violentos del paro de octubre del 2019, el legislador aprovechó el espacio para colar el tema del reparto de los hospitales a cambio de votos en el Legislativo.

Gómez pidió la reproducción del audio que circula en redes sociales en el que, según dijo, se escucha a la entonces gerenta del hospital de Tulcán, Nathalia Rosas, quien en una llamada telefónica a la ministra Romo le habría dicho que estaba por renunciar a su cargo porque una persona que identificó como tío de la funcionaria, Andrés Romo, le pidió que se le otorguen determinados contratos y ella se negó. A decir del legislador, aquí se habría cometido la infracción de omisión de denuncia.

Este es el primero de cuatro ejes en los que el interpelante centró su intervención. El segundo es la entrega de bombas lacrimógenas caducadas a la Policía Nacional y que la ministra reconoció que su vida útil había terminado. “Usamos bombas caducadas porque estábamos en una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano”, se escucha decir a la ministra en el extracto de una entrevista que Gómez pidió que se reproduzca.

El tercer argumento es el lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de las universidades que funcionaban como centros de paz y acogida humanitaria. Y el cuarto: agresiones a periodistas, pese a existir el comité para la protección de periodistas creado a raíz del asesinato de los comunicadores de El Comercio. Videos, audios, comunicados, capturas de tuits y más para sostener sus argumentos.

El turno de Lourdes Cuesta. La asambleísta prácticamente suscribió lo dicho por Gómez, haciendo énfasis en que el amplio paraguas del juicio político es el incumplimiento de funciones.

La última interpelante, Amapola Naranjo, hizo una extensa explicación de las bombas lacrimógenas desde su composición química hasta su efecto en el ser humano que, según dijo, puede provocar la muerte. Aprovechó para desmarcar a sus copartidarios de la Revolución Ciudadana, algunos investigados por la justicia, de los hechos de octubre de 2019. Dijo que es momento de la reconciliación.

El presidente abrió el espacio para las preguntas de los legisladores. No llegó ninguna, solo la moción que puede dar un giro a las causales del juicio.