denuncia arroz moreno
La Comisión de Fiscalización recibió detalles de la denuncia sobre el caso denominado "Arroz Moreno"Cortesía

Comisión de Fiscalización inició investigación de Arroz Moreno”

Establecieron una agenda de trabajo con varias comparecencias que inician este viernes. Esperan información de Contraloría, Fiscalía, CNE y SRI

Por unanimidad, once asambleístas, el pleno de la Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma de trabajo para la investigación de la denuncia acerca de la presunta utilización de fondos públicos, por parte de varias empresas estatales, para financiar la campaña a favor del SÍ, en la consulta y referendo de 2018, denominado “Arroz Moreno”.

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El trabajo inicia este viernes con la comparecencia de los personeros de las empresas citadas en el artículo del portal La Posta: Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec); Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CREAR); Empresa Nacional Minera (ENAMI); y, Ecuador Estratégico.

En tanto que el lunes 29 de junio de 2020, serán recibidos los representantes de Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave); Petroecuador; Petroamazonas; Fabricamos Ecuador (Fabrec); el miércoles 1 de julio, Casa para Todos; Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); Correos del Ecuador; y, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

El viernes 3 de julio, el organismo prevé recibir al exprefecto de Pichincha y secretario de Alianza PAIS (AP), Gustavo Baroja, David Tellez, Ricardo Rhon y Eduardo Mangas; y, finalmente, para el lunes 6 de julio, se recibiría a a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. No se descarta otras comparecencias, que se puedan derivar de las asistencias antes señaladas o que sean solicitadas por los señores asambleístas en el curso de la investigación.

Previamente, los miembros de la comisión recibieron al legislador Marcelo Simbaña (Independiente), quien subrayó la necesidad de que el organismo legislativo indague la denuncia del portal La Posta, porque involucraría el uso ilegal e ilegítimo de fondos públicos a la campaña por el SI, a través de empresas estatales.

Añadió que ha solicitado información, tanto a la Contraloría General del Estado, cuanto a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Servicio de Rentas Internas (SRI), a fin de determinar cómo se manejaron los recursos de campaña de parte del Movimiento Alianza PAIS, que en los balances presentados al organismo electoral no superarían los 500 mil dólares.

“Es necesario que se auditen los patrimonios y la contabilidad de las empresas públicas mencionadas en la denuncia de La Posta”, dijo.

También recibieron a los periodistas del portal La Posta, Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, quienes aseguraron que la información que publicaron en su artículo “Arroz Moreno”, está basada en testimonios, documentos y fuentes protegidas, pues se trata de algo concertado desde muy arriba, no en vano se conoce que las decisiones en torno a este tema fueron tomadas por el buró, lo que no se sabe es si corresponde al buró político de PAIS o al buró de Gobierno.

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“Ahora se quiere posicionar la idea de que se trataba de un simple presupuesto, para saber cuánto más o menos costaría una campaña por el SÍ, no obstante todos los movimientos que hacían esas empresas se reportaban al señor Jorge Wated, hoy presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Allí constan valores pagados, valores por pagar. Eso, para nada es un presupuesto”, señaló Boscan.

De su lado, Luis Eduardo Vivanco, subrayó que se trata de un tema de gran trascendencia política y la Asamblea tiene la oportunidad histórica de investigar y llegar hasta las personas que mentalizaron este atraco a los fondos públicos, sancionarlas y sentar un precedente para que nunca más los fondos públicos, el dinero de los ecuatorianos, sea utilizado para cumplir con intereses personales de un grupo o una tendencia política en particular.

Finalmente, los comisionados recibieron al asambleísta Ronny Aleaga (RC), quien recordó que el año pasado presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por el financiamiento ilegal de la campaña por el SÍ en la consulta y referendo de 2018, sin que hasta el momento se tenga una respuesta clara desde la justicia.