La comisión golpista da clases de insidia

En la comisión ocasional para tumbar al presidente de la República (nomás faltara que fuera permanente) las fechas, las leyes, los documentos y los testimonios se trastocan y se manipulan con facilidad pasmosa con el fin de ajustarse a los requerimientos golpistas de la mayoría. Es una maravilla verlo.

Jueves, 16 de febrero: la legisladora correísta Mónica Palacios agita en el aire un documento sobre el cual pide explicaciones al secretario de Seguridad Diego Ordóñez. Según ella, se trata de la licencia que Bernardo Manzano, ministro de Agricultura de Guillermo Lasso, concedió al narcotraficante albanés Dritan Gjika para cultivar cannabis. “Se le entregó la licencia en un lugar y el señor está cultivando en otro, es decir, está cometiendo narcotráfico”, explica. Ordóñez quiere ver el documento. Se lo pide.

-Esta es la copia mía -accede Palacios y se la entrega-.

-Esto -responde Ordóñez después de examinarlo-: tiene fecha de 18 de enero de 2021. No estaba el presidente Lasso posesionado.

-¡¿18 de enero de 2021?!, -se sorprende Palacios-.

-Vea la fecha de emisión del certificado -concluye Ordóñez, poniéndose de pie y devolviéndoselo-. Esto no firmó el ministro Manzano, señora asambleísta.

-No, sí firmó el ministro Manzano -se aferra ella contra toda evidencia. Pero cualquiera sabe que eso no es posible-.

Viernes, 17 de febrero: en el estudio de la correísta Radio Pichincha, donde se siente como en su casa porque lo es, Mónica Palacios vuelve a la carga con el mismo documento:

-Aquí tengo un documento de una fiscalización que realicé en este caso -dice y lee-: “se certifica que el 18 de enero de 2022 la empresa Cannmana, de Dritan Gjika, adquirió licencia para el cultivo de cannabis”.

No hay duda posible: en el parte policial sobre el seguimiento a Dritan Gjika (parte policial que los asambleístas del correísmo tienen en su poder), se da por sentado que la empresa Cannmana, efectivamente vinculada al albanés, tiene licencia para el cultivo de cannabis. Pero la fecha de ese parte policial es elocuente: 15 de enero de 2022. En otras palabras: Mónica Palacios miente consciente y deliberadamente. Por la jeta.

No es la única. La asambleísta Mireya Pazmiño, disidente de Pachakutik a quien el correísmo puso en la comisión ocasional en representación de Pachakutik contra la voluntad de Pachakutik, cree que puede hacerle decir a la ley lo que a ella le convenga.

Martes, 7 de febrero: el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, explica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En él se establece que el presidente de Emco (la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, ese invento correísta) presidirá los directorios de todas ellas: Flopec, Cenel, Celec… 13 en total. Ese artículo, explica Pozo, fue introducido en la ley mediante reforma por la Asamblea de Gabriela Rivadeneira y enviado al Registro Oficial por Rafael Correa en mayo de 2017, poco antes de huir a Bélgica. En el apuro se olvidaron de eliminar el artículo 8, donde se prescribe que los directorios de las empresas públicas estarán presididos no por el presidente de Emco, sino por los ministros del ramo. No importa: la contradicción queda absuelta por el Código Civil, según el cual, en casos como este, es el artículo más reciente el que tiene vigencia. Es decir el 7, no el 8. Así explicó Pozo dos veces, pero Mireya Pazmiño no entendió y se lo volvió a preguntar. La tercera explicación fue específicamente dirigida a ella: rige el artículo 7, no el 8.

Miércoles, 8 de febrero: en una explosión de odio y rabia, Mireya Pazmiño acusa a Guillermo Lasso de haber firmado un decreto para concentrar todo el poder de las empresas públicas en el presidente de Emco aunque la ley diga lo contrario: “¡Guillermo Lasso hizo ese decreto!, -vocifera histérica-, ¡violando la ley! ¡Y lo dice claramente el artículo 8!”. Ahora no hace sino repetir ese argumento, a sabiendas de su falsedad.

Así con la comisión ocasional: toda evidencia, toda ley, todo documento será interpretado en función de las necesidades del proyecto golpista. Los funcionarios llamados a comparecer tienen que estar atentos para no dejarse golear. Como el canciller Juan Carlos Holguín con Patricia Núñez:

-Los audios de La Posta -suelta inadvertidamente la legisladora correísta- dicen que Cherres habría remitido a usted una hoja de vida con la cual se estaría dando un cargo en el ministerio.

-¿Está segura?, -la detiene Holguín- no recuerdo haber escuchado esa parte.

-Bueno… Se sabe… Es hacia donde va el audio -se justifica ella con desparpajo-.

-No, no, es que ese audio del que usted está hablando tal vez yo no lo he escuchado.

-Bueno, es lo que dice La Posta -continúa la correísta, sabiendo que no hay sino un audio y hundiéndose más en la medida en que más se mueve-.

En el fondo, para Patricia Núñez no está claro qué diantres dice el audio, no lo ha escuchado con atención, no lo tiene presente. Pero ha decidido de antemano “hacia dónde va”. Con eso basta en los parámetros de la comisión golpista.

Lo mismo ocurre con los testimonios: los correístas sacarán de ellos las conclusiones que necesiten. Hay diálogos alucinantes, como este entre Marcela Holguín y el exsecretario anticorrupción Luis Verdesoto:

-¿El presidente le pidió que no haga público su informe?, -pregunta la asambleísta-.

-Discutimos sobre la pertinencia de hacerlo en ese momento -matiza el exfuncionario-.

-Estaba evidentemente -¿evidentemente?- protegiendo a altos funcionarios del gobierno.

-No, no creo. Al presidente le preocupaba el efecto político.

-Quiere decir entonces que el presidente no está luchando en contra de la corrupción...

-… No, no, no, al contrar…

-… Y es únicamente un discurso, porque si es pertinencia política quiere decir que a él más le importa la imagen de su gobierno que luchar efectivamente contra la corrupción.

Ya puede desgañitarse Verdesoto: nada de lo que diga hará cambiar las conclusiones de la asambleísta. Ella, como Patricia Núñez, ha decidido de antemano “hacia dónde va” la cosa. Así también Mónica Palacios, en esta delirante conversación con el exministro de Energía Xavier Vera Grunauer:

-¿Usted conoce a Danilo Carrera?

-No soy amigo, sé quién es. Si usted juega tenis, usted sabe bien quién es Danilo Carrera. A mí me gusta el tenis y por eso he escuchado y lo he visto de lejos.

-O sea que usted juega tenis con él.

-Parece que no me ha escuchado bien, asambleísta.

-No, sí le he escuchado bien: usted dice que el mismo círculo. Usted juega tenis con él.

-No no no. Yo no estoy diciendo que el mismo círculo. Si a usted le gusta el tenis, usted debería saber quién es Danilo Carrera porque él ha sido presidente de la Asociación de Tenis.

-Entonces usted juega tenis y él es el presidente y usted le conoce -concluye ella, inapelable.

Punto. Lo conoce. Es culpable. Aunque nomás lo haya “visto de lejos”. Porque la comisión golpista es un molino que procesa la carne a su medida. Uno entra ahí y sale desfigurado, triturado, machacado y sin derecho a réplica, pues la presidenta, Viviana Veloz, entiende que la dignidad que ocupa le da derecho a tener siempre la última palabra. Así es como se están forjando los materiales con los cuales se intentará destituir al presidente de la República.

Lío de fechas

¿Qué hace la comisión ocasional parlamentaria si el documento con el que pretende inculpar al gobierno no tiene la fecha correcta? La falsifica.

Lío de leyes

¿Qué hace la comisión ocasional parlamentaria si la ley que le sirve para atacar al gobierno no está vigente? La cita como si lo estuviera.

Sofismas a la carta

Video: el periodista Christian Zurita acusa al secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, de mantener relaciones opacas con grupos de interés.

Pozo: “La prensa tiene la libertad de investigar, de afirmar y hasta de mentir y equivocarse”.

Viviana Veloz: “¿Nos quiere decir que cuando las investigaciones inculpan a gobiernos pasados sí son reales, pero cuando inculpan a este gobierno son falsas?