Comisión liderada por el correísmo fiscalizará derrame de crudo en Esmeraldas
Los alcaldes de la zonas afectadas acudieron a la Asamblea y la correísta Paola Cabezas planteó la moción para fiscalizar
La Asamblea Nacional iniciará un proceso de Fiscalización por el derrame de crudo en las provincia de Esmeraldas. Este 18 de marzo de 2025, el Pleno escuchó a los alcaldes de las zonas afectadas y el correísmo planteó la moción para que el tema se aborde en la Comisión de Transparencia y Control Social.
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La presidenta de la Asamblea Viviana Veloz adelantó el séptimo punto del orden del día, referente a lo ocurrido en el sector de El Vergel en Quinidé el pasado 13 de marzo.
Allí se produjo una rotura en la tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).Producto de ello, ríos de la zonas fueron afectados y hay implicaciones ambientales que aún está en análisis. El Gobierno declaró la emergencia ambiental en la provincia el domingo 16 de marzo.
La situación en Quinindé
Este 18 de marzo, el alcalde Qunindé Ronald Moreno señaló: “nuestra familias están sufriendo”. La autoridad municipal informó que en el lugar “no se puede ni respirar”. Esto en relación con la situación en el sector de El Vergel.
“Ahí hay 4.500 familias que viven en las riveras de los ríos Cape, Viche y Cube que están sufriendo en este momento”, señaló el burgomaestre. También señalo que el 75% de personas de ese sector tienen problemas respiratorios y un 20% afectaciones en su piel.
La resolución aprobada
La legisladora del correísmo Paola Cabezas fue la encargada de presentar la moción sobre la fiscalización del tema. En el documento se estableció: “Disponer a la Comisión de Transparencia que inicie un proceso de fiscalización integral con respecto a la reparación y restauración por la afectación provocada al ecosistema y la naturaleza”.
#ComunicadoAsamblea
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 18, 2025
Asamblea iniciará #Fiscalización a la reparación y restauración por la afectación en #Esmeraldas tras el derrame de petróleo #EmergenciaQuinindé pic.twitter.com/Zm9Ks2mQjD
También se estableció que dicho proceso debe tomar en cuenta a la población y las pérdidas económicas para el país. Además se dispuso que esa comisión elabore, en el plazo de 30 días, un informe no vinculante para conocimiento del Pleno.
La decisión se aprobó con los votos de 92 legisladores. No hubo votos en contra pero sí 26 abstenciones que vinieron del oficialista ADN.
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