Comisión Ocasional responsabiliza al Gobierno de los hechos ocurridos durante el paro

La Comisión Ocasional Multipartidista que investigó el paro de octubre, pone en duda la teoría del “Golpe de Estado” que manejó el Gobierno Nacional tras la paralización que se dio en octubre en rechazo a las medidas económica que anunció el Ejecutivo.

El documento está firmado por seis de los siete asambleístas que conforman el organismo parlamentario. Solo el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), César Rohon, se ausentó para la votación.

Justamente este legislador, es quien pone reparos al documento de mayoría, aduciendo que lo que se está haciendo “es dar una carga significativa a los derechos humanos de un sector” y se deja de lado a otros actores que también fueron vulnerados sus derechos. Considera que el informe no tiene conclusiones claras y que espera que esto se cambie durante el debate en el pleno de Asamblea, al recordar que los informes de las comisiones no son vinculantes.

Criterio con el que coincide el legislador, Héctor Yépez (CREO), que dijo que al ser el pleno de la Legislatura el máximo organismo de decisión, este podrá cambiar las conclusiones y recomendaciones que tiene el documento presentado por la Comisión Ocasional Multipartidista y que está contenido en casi 180 páginas.

“Es un informe tibio que no contiene conclusiones claras. El objetivo de crear estas comisiones ocasionales es justamente para tener un resultado tangible que es los que esperan los ecuatorianos; sin embrago, más allá de un relato de los hechos suscitados, no sé cuáles son las conclusiones”, afirmó el legislador Yépez.

Al marguen de esto, los asambleístas Fernando Burbano (Independiente), Doris Soliz (RC) y Carlos Vera (PAIS), defendieron el documento aprobado. Para Fernando Burbano, presidente de la Comisión Ocasional afirmó que las críticas podrían venir de quienes consideran que el documento no contiene “lo que ellos querían que diga”.

Además, sostuvo que algo importante que tiene el informe es que la Asamblea le diga al Estado ecuatoriano que es necesario observar los pronunciamientos, las conclusiones, las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de derechos humanos.

“Este informe y los legisladores de la Comisión han tomado decisiones que quizás, a unos les va a incomodar, a molestar, porque no están escuchando lo que quisieran, porque no está en la línea o en el discurso que quieren llevar este debate y este problema del paro nacional”, sentenció el legislador.

El documento contiene diez conclusiones, en donde la primera deja en claro, y responsabiliza al Gobierno de ser el causante de la movilización al haber emitido el Decreto 883 que determinó la eliminación de los subsidios del diésel y la gasolina extra.

CONCLUSIONES DEL INFORME

1. Sobre la base de toda la información procesada y analizada, esta Comisión Multipartidista evidencia que la expedición del Decreto Ejecutivo 883 de 02 de octubre de 2019, mediante el cual se dejó insubsistente los subsidios a las gasolinas extra, eco país y al diésel, fue el principal detonante de la protesta social por parte de la población ecuatoriana. Además, es reprochable y en ninguna circunstancia se justifica la violencia excesiva que se evidenció en las jornadas de protestas del 02 al 13 de octubre de 2019”, precisa el informe.
2. De acuerdo con los testimonios recibidos se concluye que fueron afectados algunos derechos, entre ellos, el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, el trabajo, la libertad personal, la libre movilidad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. Existe una especial preocupación por las personas fallecidas y sus familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, ataques a zonas de paz, así como la afectación a los derechos económicos a terceros.
3. Las autoridades gubernamentales manifestaron que sus disposiciones fueron las de enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, la utilización de armas no letales y el uso proporcional y progresivo de la fuerza; de acuerdo con lo señalado por los comparecientes esto no se habría cumplido a cabalidad, y existiría un uso excesivo de la fuerza que debe ser investigado por las autoridades competentes.
4. La suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra ambulancias, instituciones, bienes públicos, los incendios del edificio de la Contraloría General del Estado y el ingreso a la Asamblea Nacional son delitos que presumiblemente se cometieron y deben ser investigados conforme manda la ley.
5. Se condenan todos los actos de violencia organizada, mediante la utilización de artefactos de fabricación artesanal tales como: bombas molotov, tubos metálicos lanza proyectiles y explosivos, que fueron utilizados por algunos manifestantes contra agentes estatales.
6. Se evidencian varias afectaciones económicas sobre el comercio, la producción, la industria, turismo y las exportaciones. También se resaltan afectaciones a bienes y capitales privados por saqueos y acciones provocados por actores externos al Paro Nacional. Estas acciones ocasionaron importantes perjuicios a la economía nacional, así como a las familias ecuatorianas.
7. Se condenan los ataques a los medios de comunicación de todo tipo y periodistas que provinieron de la fuerza pública y de los manifestantes, y se rechaza las retenciones cometidas a los periodistas en contra de su voluntad.
8. Resulta preocupante y condenable que efectivos de la fuerza pública hayan sido retenidos en contra de su voluntad, de la misma forma, los actos de violencia en contra de la integridad personal de policías mujeres por su condición de género.
9. Son inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenofóbicas y discriminatorias realizadas durante y después del Paro Nacional.
10. Se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a esta Comisión y no proporcionó información aduciendo el carácter de reservado, a pesar de que la sesión podía ser declarada previamente como reservada.