Comisión de Paz enfatiza que su función es recomendar acciones para combatir la corrupción en las carceles en el país
Luego de conocer que en su informe se detalla que convictos han "dado nombres" de integrantes corruptos de instituciones públicas señalan que cumplen con alertar
La comisión de Pacificación para las cárceles del país, presentó a los medios de comunicación el informe de sus tres meses de gestión en 2022; el periodo de trabajo corresponde a enero, febrero y marzo. La cita fue en la gobernación del Guayas y detallo que en los 36 centros de reclusión del país existe ausencia en servicios de salud, educación, rehabilitación y carencias en el sistema judicial.
Los siete miembros del comité integrados por Nelsa Curbelo, Alfredo Narváez, Claudia Garzón, el padre Luis Barrios, el pastor Francisco Loor, Crhistian Nieto y Alejandra Delgado recordaron que dentro de la lucha entre bandas delictivas que están al interior de las cárceles es por una disputa de dinero, negocio y territorio.
En el documento presentado ya a la autoridades de Estado desde la primera semana de abril de 2022, se detalla que existen integrantes de la Policía Nacional que sirven como "brazos derechos" de las organizaciones que residen en las cárceles del país especialmente en la Penitenciaría del Litoral. Y que, los privados de libertad "han dado nombres" de los uniformados.
En ese orden, los integrantes del cuerpo colegiado señalaron que han cumplido con sus funciones asignadas en el decreto ejecutivo dónde se les encomendó verificar y recomendar las acciones y programas que permitan en un mediano y largo plazo presentar acciones que permitan cambiar u restructurar la realidad en las cárceles del país.
"Nosotros estamos para mirar, observar y sugerir en recomendar mecanismos estructurados que duren en el tiempo. No los pidan nombres, porque no hay videos, grabaciones porque no somos funcionarios. Pero cumplimos con nuestra labor de alertar de lo que se conocía y no se hacía nada" expresó el comisionado Luis Narváez
La comisión tiene un periodo de vigencia hasta el 16 de junio de 2022 y en ella se presentará un informe final de lo constatado en los seis meses de trabajo desde su creación mediante decreto presidencial del 16 de diciembre de 2021.
