La comisión se pierde en su laberinto
Ni controlando la comisión que investiga el caso Gran Padrino, el correísmo podrá evitar pegarse un tiro en el pie
Finalmente se reunieron, aunque no fuera por más de cuarto de hora. Ocho días después de conformada por el Pleno de la Asamblea, la comisión ocasional para investigar la corrupción en las empresas públicas (lo que se ha llamado caso Gran Padrino) acaba de dar su tímido, indeciso y postergado (aunque predecible) primer paso: elegir a Viviana Veloz y su aliada Mireya Pazmiño como presidenta y vicepresidenta, respectivamente. La primera, por el correísmo; la segunda, en insólita representación de Pachakutik, bancada parlamentaria de la que fue expulsada y que había postulado a otra persona. Se espera que los siete integrantes vuelvan a juntarse antes de que termine la semana para aprobar un cronograma, y que las comparecencias arranquen el lunes próximo.
La investigación del caso Gran Padrino se ha convertido en un lío político difícil de manejar para los correístas. Ni siquiera el hecho de controlar la comisión investigadora alcanza para disimular su propia participación en los casos que se denuncian. En los audios publicados por el medio digital La Posta y que son la prueba maestra del caso, Leonardo Cortázar, operador del esquema de corrupción en las eléctricas, explica claramente que el sistema de contratación irregular, sobreprecios y sobornos que opera hasta la actualidad fue establecido durante el gobierno de Rafael Correa. Y vincula directamente a su amigo y compañero de piscina, el legislador correísta Ronny Aleaga, a quien identifica como su operador y de quien dice que debe su fortuna a ese esquema.
El inicio de actividades de la comisión tuvo lugar un día después de que Aleaga reapareciera desafiante en la Asamblea y su bancada cerrara filas en su defensa. En una rueda de prensa montada para proyectar una imagen de unidad, la asambleísta Paola Cabezas habló de “linchamiento mediático” y “presunción de inocencia”, dijo que lo de la foto en la que Aleaga aparece compartiendo piscina con prófugos y mafiosos ya fue explicado y que si alguien cree tener pruebas en su contra, acuda a Fiscalía. “Ronny Aleaga -subrayó- tiene todo el respaldo de su bancada”.
El mismo Aleaga lanzó un desafío en el Pleno de la Asamblea: “Por ahí un fanfarrón se llenó la boca diciendo que soy su operador”, dijo. “¿Tienen alguna prueba? Denúncienme, yo no me he fugado del país”. Se refiere, obviamente, a Leonardo Cortázar. Para la comisión investigadora controlada por el correísmo, el problema de poner en duda los audios de La Posta y los testimonios de Cortázar es que no tienen otra prueba que esa. También están los contratos de las empresas pública, claro: 4.200 por un monto de mil millones de dólares ha reunido el Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) que dirige Fernando Villavicencio. Pero el correísmo sabe que meterse en ese berenjenal puede resultar aún más comprometedor para ellos.
El FPA está sistematizando la información contenida en esos informes y prepara su propio informe sobre la corrupción en las empresas públicas. Todo indica que será mucho más sustancioso que el de la comisión ocasional correísta. Según Fernando Villavicencio, estará listo dentro de 20 días.
Mientras tanto, Mireya Pazmiño enfrenta sus propias contradicciones. Entre los casos de corrupción en las empresas públicas que se propone investigar como vicepresidenta de comisión, figura el caso Flopec: un contrato para flete de buques con Amazonas Tanquers (una empresa fantasma vinculada con el gran intermediador de petróleo Enrique Cadena Marín). El contrato se firmó bajo el auspicio de Hernán Luque, el zar de las empresas públicas sobre quien recaen todas las sospechas, y según un informe de la Contraloría causó un perjuicio por más de 6 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Resulta que uno de los mayores defensores de ese contrato en la Asamblea Nacional durante el último año ha sido, precisamente, Mireya Pazmiño. Ella suscribe dos informes (uno como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y otro a nombre propio) en los que expresa su desacuerdo con la terminación del contrato y cuestiona al vicealmirante Johnny Estupiñán, que fue cesado de la gerencia de Flopec por Hernán Luque por haber tomado esa decisión. Ahora que le cambiaron el libreto, Pazmiño tendrá que apuntar sus críticas a Luque y, probablemente, hasta defender a Estupiñán. O excusarse por conflicto de intereses.
