La Comisión de Seguridad apunta a juicios políticos por el caso Ligados
La Comisión de Seguridad prevé un informe para el Pleno en el que se incluya la sugerencia de enjuiciamientos políticos
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, presidida por el oficialismo, abrió la posibilidad de juicios políticos en el marco del caso Ligados. Este 19 de marzo de 2025, la mesa legislativa inició el proceso de fiscalización sobre el caso, que involucra a tres exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a una consejera en funciones.
Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exintegrantes del CPCCS, junto con la actual consejera Nicole Bonifaz, son señalados por la Fiscalía como autores directos del delito de asociación ilícita. La investigación se sustenta en los chats extraídos del celular de Verduga por la Fiscalía.
Comparecencias en la Comisión
De las cuatro autoridades convocadas por la Comisión de Seguridad, solo dos asistieron: el superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald, y el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.
El presidente del Cppcs acudió acompañado del coordinador jurídico del Consejo de Participación, Santiago Peñaherrera, quien presentó una cronología de los hechos relacionados con la decisión adoptada por la exmayoría del Consejo —integrada por los cuatro exvocales y Bonifaz— para intentar ratificar a Raúl González como superintendente de Bancos.
Peñaherrera destacó que la posesión de Romero Von Buchwald tomó más tiempo que la de otras autoridades designadas por la Asamblea. También señaló que, durante ese período, el CPCCS conoció la consulta enviada por la Asamblea sobre a quién debía posesionar en la Superintendencia de Bancos. Según el funcionario, este punto fue planteado por Verduga y dio paso a la decisión de designar a González.
Un documento clave para la Comisión
El legislador Rafael Dávila solicitó al CPCCS remitir la resolución del Pleno que respaldó la designación de González, ya que podría ser la base para iniciar un juicio político contra los exvocales y la vocal del Consejo. Dávila argumentó que la exmayoría del CPCCS habría vulnerado una sentencia de la Corte Constitucional.
Esa sentencia, derivada de una acción extraordinaria de protección presentada por González, le reconocía ciertos derechos, pero no establecía que debía ocupar el cargo de superintendente de Bancos.
Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón también consideró la posibilidad de incluir en el informe de la Comisión la recomendación de iniciar juicios políticos contra los implicados en el caso Ligados. Además, anunció que el informe podría estar listo en un plazo de 15 días.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO
