Comision de Seguridad de la Asamblea recibio a los ministros Romo y Jarrin

En el debate sobre el fallido golpe de Estado, el correísmo y Pachakutik viven un intenso romance en la Asamblea. El miércoles los ministros de Gobierno y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, comparecieron ante la Comisión de Seguridad con el fin de rendir cuentas sobre su actuación durante las protestas; y los asambleístas de ambos partidos juntaron sus voces para clamar al cielo por los atropellos de las fuerzas del orden y el supuesto uso excesivo de la fuerza. A ellos se juntó un insólito compañero de ruta: Pedro Curichumbi, que por el momento parece haber olvidado su condición de asambleísta de CREO y se conduce, simple y llanamente, como asambleísta indígena.

Cinco intensas horas duró la sesión. Para los comparecientes fue como hablar ante un muro. Ni los correístas Augusto Espinosa, Esther Cuesta y Lexi Loor, ni la legisladora de Pachakutik Encarnación Duchi, hicieron el menor esfuerzo por escuchar los argumentos de la contraparte. Menos aún (tratándose de los grupos políticos que agitaron a la población, incendiaron las redes y animaron el levantamiento) por asumir responsabilidades.

Ambos ministros describieron una situación de violencia que desbordó con mucho los límites de un simple descontento social. Uso de tácticas militares, ataques coordinados contra objetivos estratégicos, guerra informativa y psicológica con la difusión sistemática de informaciones falsas... Todo a una escala nunca vista en el país. Algunas cifras proporcionadas por María Paula Romo son impactantes: 94 tramos viales cerrados; 16 provincias con desabastecimiento de alimentos; 4 sin reservas de gas de uso doméstico; 73 centros de salud cerrados solamente en un día (el 11 de octubre); 80 puntos del ECU 911 destruidos; más de 400 policías y militares secuestrados; nueve bloques petroleros sin operación, lo cual produjo pérdidas por 87 millones de dólares; ciudades sin agua; provincias sin telefonía celular... Todo configura un cuadro de desestabilización que el ministro Jarrín identifica con la insurgencia. De hecho, explicó, el nuevo mando militar ha asumido sus funciones bajo una normativa de lucha contra la insurgencia.

También fue sorprendente la descripción que hizo el ministro de Defensa de las tácticas militares empleadas en la lucha callejera: bombas molotov con sustancias químicas adherentes, uso de antecargas con piedras o municiones en los tubos de PVC empleados como lanzacohetes; disposición de una línea de escudos, una segunda línea de lanzadores y una tercera de dirección y comando... Todo con el apoyo, dijo, de autoridades seccionales que proporcionaron transporte y ayuda estratégica; y universidades que sirvieron como centros de abastecimiento logístico.

Y ante todo esto la fuerza pública, proclaman orgullosos ambos ministros, no disparó un solo tiro. Las muertes se deben a causas accidentales relacionadas con las protestas y los excesos policiales son casos aislados que serán investigados y juzgados.

Entonces, Augusto Espinosa quiere saber, tan suspicaz él, si esos excesos son parte del protocolo de actuación de la Policía. Y Esther Cuesta cita cifras de Inredh y de la Cedhu, dos organismos de derechos humanos al servicio de la agenda de la Conaie, según los cuales hubo 83 detenciones irregulares. Y Encarnación Duchi se pregunta cómo es posible que cinco personas murieran, y sugiere que la actuación de la fuerza pública se ajusta a lo que la Convención de Roma define como “ataque a la población civil”. Y pide impunidad, pide parar los procesos iniciados en la Fiscalía contra quienes secuestraron o saquearon. Y culpa a Jarrín de haber encendido la violencia con sus declaraciones provocativas en televisión.

Lo de Jarrín fue dramático: “las Fuerzas Armadas fueron humilladas”, dijo con un nudo en la garganta. “Y soportamos la humillación por proteger a la población civil. Así nos ganamos el respeto. Ahora la población sabe que en las peores condiciones las Fuerzas Armadas no matan gente. Eso es respeto”. Que encima venga Encarnación Duchi y le eche la culpa alegremente de la violencia, a él... Simplemente no lo pudo soportar. Se ofuscó. Levantó la voz. Varios asambleístas le pidieron que tratara con mayor delicadeza a esta “bella asambleísta”. Así el nivel.

Armas letales o disuasivas

El asambleísta y general en retiro René Yandún sorprendió al mundo: “En todos los levantamientos indígenas desde 1990 —dijo— los militares hemos salido armados”. Y criticó a Oswaldo Jarrín por enviar soldados con armas no letales. Jarrín respondió: “No sé cómo se haya hecho antes. Yo no creo en el uso de armas letales para combatir disturbios”.