Un Comité de Ética para controlar a los asambleístas

Una necesidad en la ley. Los últimos acontecimientos y denuncias sobre actos de corrupción que involucran a los asambleístas (diezmos, carnés de discapacidad, delincuencia organizada) hacen imperioso que la Asamblea Nacional trate la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa. Otra de las normativas que ha sido esquiva, ya sea por falta de voluntad política, o porque su contenido no era favorable para el Gobierno de turno. Esta ley, a diferencia de otras, fue vetada totalmente en dos ocasiones, una por el exmandatario Rafael Correa, y otra vez, al inicio de la gestión del presidente Lenín Moreno. Los argumentos no tuvieron mucho sustento.

Los asambleístas insisten en que esta ley debe reformarse para establecer mejoras tanto en el quehacer legislativo como en mejorar los trámites en fiscalización, que ha sido el talón de Aquiles, históricamente. Pero hoy se vuelve más imperante su tratamiento, puesto que la nueva propuesta de ley, en el informe para segundo debate, que lleva más de un año y medio en el escritorio del titular de la Legislatura, César Litardo, contiene un capítulo entero dedicado a la ética parlamentaria y al control del accionar de los asambleístas.

El documento se elaboró durante la presidencia de Marcela Aguiñaga (RC), en la Comisión de Justicia. En el documento se recoge una legislación comparada con otros países de la región que cuentan con una Comisión de Ética, en este caso Chile. La propuesta fue presentada por el asambleísta Eliseo Azuero (BADI), quien al momento es investigado por la Fiscalía por el mal manejo de los recursos para el hospital de Pedernales, junto con el exlegislador Daniel Mendoza, acusado de delincuencia organizada.

Diez de sus veinte países latinoamericanos cuentan con una Comisión de Ética: Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Perú. ¿Es necesario que exista una Comisión de Ética en el Ecuador? La legisladora Marcela Aguiñaga dice que “una de las propuestas de reforma a la ley fue precisamente la creación de esa comisión permanente”, pero cree que el presidente Litardo no considera “importante que se investiguen los comportamientos contrarios a la ley y posibles conflictos de intereses por parte de asambleístas” porque no pone a discusión las reformas en el pleno.

Para la legisladora y vocal de la Comisión de Justicia, que elaboró el informe, Lourdes Cuesta, es inentendible que una reforma tan importante, que crea la Comisión de Ética, “siga durmiendo el sueño de justos en la presidencia”.

Henry Cucalón, legislador por el PSC, y también miembro de la Comisión de Justicia, señala que es imprescindible que exista una Comisión de Ética permanente y que pueda actuar de oficio, sin necesidad de denuncia. No comprende por qué el titular de la Asamblea sigue dilatando la aprobación de la reforma a la LOFL.

¿Qué tipo de control hace falta dentro de la Asamblea para que verdaderamente no se escapen del control los casos de corrupción? Aguiñaga asegura que falta voluntad política de César Litardo, por eso no se da paso a los juicios políticos.

Con su criterio concuerda Lourdes Cuesta, quien considera que se necesita transparencia, voluntad política desde arriba. Por ejemplo, un informe del caso Mendoza que está listo hace un mes, aún no se conoce en el pleno a pesar de habérselo solicitado mediante cambios de orden del día.

Para Cucalón, en casos de corrupción, sin perjuicio del control y sanción administrativa y política, la competencia es penal, de la Fiscalía. Pero se pregunta: ¿Qué pasó con todas las denuncias penales en el caso diezmos?, ¿Por qué unos casos avanzan y otros no? ¿El silencio de los asambleístas, antes y después de esa revelación, no es lo que provoca el descrédito de la institución, teniendo en cuenta que no se ve un malestar notorio de las bancadas por lo que han hecho otros legisladores?

“El silencio, una producción legislativa que maltrata a los ecuatorianos como la mal llamada Ley Humanitaria y que no existan casos ejemplarizadores contra los corruptos es lo que provoca el descrédito de la gente hacia el Legislativo”, sostuvo Aguiñaga.

Para Cuesta existe molestia, malestar, incluso indignación por parte de varios asambleístas, pero lamentablemente es más “fuerte el sonido del silencio” de otros, que hacen empeorar tu cuerpo o que no quieren verse salpicados si alguno de los acusados habla.

“El silencio que se alude es del oficialismo y de las autoridades de la Asamblea. Por eso existe desconfianza y descrédito ciudadano”, sentenció Cucalón.

Un capítulo solo sobre la ética legislativa

La Comisión de Justicia aprobó el Capítulo XIX de los deberes éticos, prohibiciones y sanciones, que determina que entre los deberes éticos de la actividad parlamentaria de los asambleístas, entre otros, trabajar con honestidad y probidad; rendir cuentas de sus actuaciones; mostrar vocación de servicio al país, en ese sentido debe observar una entrega honesta y leal al desempeño de su función buscando que prevalezca el interés general y el bien común sobre el interés común; actuar siempre con probidad.

Se determina como prohibiciones: ofrecer, tramitar, recibir, o administrar recursos del Presupuesto General del Estado; gestionar nombramientos de cargos públicos; percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta; que incluirá la recepción de supuestos derechos, cuotas, contribuciones, rentas intereses, sueldos en gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo (diezmos); aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado; celebrar contratos con entidades del sector público. El texto indica: “Quien incumpla algunas de estas prohibiciones perderá su calidad de asambleísta”.