El complejo entramado jurídico para designar contralor titular

Cerca de un año tomaría la designación de una nueva autoridad de la Contraloría General del Estado, a través de un concurso de méritos y oposición, si se logra antes superar la embrollada situación jurídica surgida tras la detención del contralor subrogante Pablo Celi.

Al menos esa es la salida legal que evalúa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ante el candado constitucional que dispuso la permanencia de Celi como subrogante hasta marzo de 2022 (fin del periodo de Carlos Pólit, hoy prófugo de la justicia), y hasta que la Contraloría se transforme en el Tribunal de Cuentas.

El proyecto de ley para concretar lo de ese tribunal, que fue entregado a la Asamblea Nacional en agosto del año pasado por el propio Celi, avanza hasta ahora a paso lento en su trámite en la comisión legislativa de Justicia.

Para convocar a un eventual concurso, no obstante, el CPCCS requiere de un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, el organismo que blindó el mandato del Consejo de Participación Transitorio -cuando era presidente Julio César Trujillo- sobre la permanencia de Celi.

Atado de manos, el organismo encargado de designar autoridades del Estado, tampoco puede tomar acciones respecto de la subrogación de Celi, quien pidió licencia.

Consultada por EXPRESO, Sofía Almeida, presidenta del CPCCS, dice que la situación de la Contraloría será analizada en una sesión extraordinaria de la Función de Transparencia, aunque aún no hay fecha para esa convocatoria. Para la funcionaria, el camino para encontrar una solución a este difícil entramado jurídico es la convocatoria a concurso. Adelanta que, para el efecto, han empezado a elaborar el reglamento pertinente.

“Estamos viendo que si el contralor (Celi) sale favorablemente de esta situación, debería continuar hasta el 2022, y podríamos tener a alguien electo para que se posesione después; o si Celi es hallado culpable, podemos tenerlo listo para que se posesione de inmediato”, explica la funcionaria.

El proceso para ese concurso, precisa Almeida, demoraría unos 6 meses. “Pero también depende de los recursos que nos entreguen, porque el Consejo tiene limitaciones económicas”, agrega.

Respecto de la designación de Valentina Zárate como contralora subrogante, anunciada por la Contraloría el pasado 14 de abril, el CPCCS ha enviado una consulta a la Procuraduría General del Estado. “Es una de las preocupaciones que tenemos porque el criterio jurídico está dividido. Este es un tema de legalidad y corresponde a ese organismo que se manifieste”, afirma Almeida.

La abogada Alejandra Vivanco, experta en control gubernamental y exsubcontralora, consultada por este Diario, señala que la designación de Zárate es ilegal, ya que -según afirma- no está contemplado en la ley la subrogación del subrogante.

Vivanco se remite al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que indica que el subcontralor general será designado por el contralor y que lo subrogará a este último en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular.

“El doctor Celi, a través del mandato del CPCCS transitorio, estaba blindado como subrogante hasta marzo de 2022, fecha en que culminaban los 5 años del periodo de Pólit”, precisa.

Según la experta, los actos administrativos de la Contraloría, durante la gestión de Zárate, entre ellos exámenes especiales y determinación de responsabilidades, se verían afectados en su legitimidad y su legalidad.

En cambio, Stalin Raza, abogado constitucionalista, refiere el artículo 9 del Reglamento Orgánico Funcional Interno de la Contraloría, que indica que los subcontralores pueden reemplazar o están delegados por el contralor general para tomar decisiones en el ámbito de sus competencias.

“Valentina Zárate, que es subcontralora del área de Determinación de Responsabilidades y tiene una posición titular, es la única persona que en este momento podría reemplazar a Celi. “Lo correcto habría sido que él le haga el encargo en un acto formal, mientras dure la licencia que, entiendo, ha pedido”, destaca.

Vivanco y Raza coinciden en que la salida a esta maraña jurídico es la designación de un contralor titular a través de un concurso de méritos y oposición, que le compete al CPCCS.