Complot contra la CIDH
La CIDH, órgano autónomo de la OEA, está en serio peligro de restringir drásticamente su ámbito de acción dada su grave situación financiera, al punto que su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez, emitió el lunes un comunicado en el que asegura que si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio, será inevitable “el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato”, como la suspensión de visitas y audiencias y el despido del 40 % de su personal en julio. Por eso llama a los Estados miembros, países observadores y otros posibles donantes, a realizar aportes financieros “urgentes y de libre disposición” para aliviar esta “crisis financiera extrema”. Y pide a la OEA que aumente su dotación anual de solo 6 % de su presupuesto (US$ 4,8 millones), con la que se financia. A esto se suman otros US$ 5 millones que recibe de países europeos y donantes voluntarios (no se puede contar con seguridad con ellos por los problemas en Europa ante la inmigración africana y los refugiados sirios y de otros países). El principal encargado de la CIDH, James Cavallaro, manifestó que: “Es un sistema desfasado, en el que tenemos que pedir fondos a los países europeos, a fundaciones, en lugar de que nos los den los Estados responsables del sistema interamericano”. Este año la CIDH recibió 2,8 millones de aportaciones voluntarias, el 85 % de EE. UU. También contribuyeron Argentina, con US$ 40.000; Uruguay con US$ 24.460 y Perú con US$ 5.000. Dinamarca y España, que no forman parte de la OEA (con US$ 212.681 y US$ 47.181). ¿A qué puede deberse ese “desinterés” de los países latinoamericanos? Las resoluciones de la Comisión han obligado a pagar a los países indemnizaciones a veces fuertes, a víctimas de violaciones de derechos humanos, que mayormente constituyen delitos de lesa humanidad, solo en muy pocos casos juzgados por la justicia de países o gobiernos transgresores; es de suponer que no les interese ni siquiera la existencia de estos organismos creados por la sociedad civil, precisamente para defenderse de abusos de poder, sobre todo políticos. Precautelar que la CIDH tenga financiamiento -nunca suficiente para atender al cúmulo de denuncias y reclamos- es de necesidad absoluta.
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