La compra de medicinas suma otra vía también cuestionada

A veces el remedio es peor que la enfermedad, dice un proverbio popular que se podría aplicar al sistema de compra de medicinas a través de una empresa pública. En los últimos meses lo han empleado el Ministerio de Salud y hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con el argumento de solucionar de manera más rápida la constante falta de fármacos e insumos en sus unidades médicas. Pero si bien cumplieron el propósito, el procedimiento es señalado por su falta de control y algunas irregularidades.

Por ejemplo, en la compra de Salud a través de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), al Hospital Francisco de Icaza Bustamante o ‘Del Niño’, le fueron entregadas medicinas próximas a caducar, según denunció el director, quien luego fue destituido por ese motivo.

Además, debido a la intervención de un intermediario, es decir, de la empresa pública, se pierde el ahorro de una subasta pública de ofertas a partir de un precio referencial. En cambio, se paga uno más alto o hasta sobreprecios, advierte el capítulo Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción.

“Esas compras realizadas recientemente fueron un fracaso porque hubo sobreprecios y medicinas que caducaban en tres meses, entre otras irregularidades”, dice el coordinador de la entidad, Ricardo Ramírez.

Concede que la compra por intermedio de empresas públicas constituidas por universidades para participar en estos procesos y generar ingresos es legal. “Pero por la falta de experiencia y conocimiento en el tema de adquisición de fármacos o, por intención deliberada de obtener ganancias ilícitas, pueden ocurrir esas irregularidades que le mencioné”, reitera.

El año pasado, desde el inicio de su gestión e incluida la emergencia sanitaria de 60 días, Salud solo pudo adquirir 42 de 123 ítems. Entonces adujo trabas y demoras por la normativa de compras públicas, además de una falta de ofertantes.

En cambio, con el régimen especial, la ministra Ximena Garzón anunció el 30 de diciembre que habían adquirido 149 tipos de medicamentos y en suficiente cantidad para estar abastecidos por tres meses.

Previamente, durante su comparecencia en la comisión legislativa de Salud, la asambleísta de UNES, Luisa González, le advirtió que el citado sistema era “un baipás a la ley”.

Marcos Molina, asambleísta de ID y presidente de esa comisión, acota que el régimen especial “ha existido en todos los sectores”. Y que el problema en el de Salud deriva de un sistema corrupto que comenzó con la descentralización de los hospitales, “en donde, sin control alguno, se ha permitido por años la adquisición de los medicamentos por parte de personas que han tenido intereses de por medio y se han caracterizado por actos de corrupción”.

Sobre el citado sistema utilizado ahora, señala: “Este tipo de procedimiento sería útil si no se hubiera convertido en la normalidad dentro de la adquisición de medicamentos, el cual si bien se caracteriza por su celeridad, también lo es por su falta de control”.

Pero el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, defiende su legalidad. El director, Ricardo Miranda, asegura que antes de aplicarlo hicieron consultas al respecto a las entidades de control y que las respuestas fueron favorables. Además, señala que se sustentan en lo que dice la Constitución.

El sistema les ha permitido elevar de 30 % a 63 % el abastecimiento de medicinas entre los últimos meses de 2021 y primeros del 2022, con la intermediación de la Universidad Técnica de Quevedo, la Universidad Península de Santa Elena (UPSE) y de la misma UTA.

Miranda coincide en que la normativa de compras públicas implica una demora de meses y no siempre termina en la adquisición de los productos, lo cual perjudica a los pacientes. Por ello se suman a quienes plantean su reforma.

Además, explica que los proveedores no siempre están dispuestos a participar si la entidad convocante les adeuda. O, en otros casos, esperan a que el proceso fracase por falta de ofertas y la entidad se vea obligada a recurrir a los convenios de pago o a las compras de ínfima cuantía, que suelen ser procesos con vendedores ‘a dedo’.

EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO PROPONE UNA FARMACIA PRIVADA INTERNA

Abastecerse de medicamentos sin irregularidades ni corrupción. El doble objetivo de las entidades de salud mueve a algunas autoridades a buscar alternativas a la normativa, a la que consideran una traba y piden reformar con urgencia. Entre tanto, plantean opciones.

El hospital Teodoro Maldonado Carbo propone que su servicio de farmacia sea asumido por una privada, que se encargaría de comprar las medicinas y entregarlas a los pacientes. Mientras tanto, el personal de la entidad se podría dedicar a la validación de las recetas.

El director, Ricardo Miranda, afirma que la propuesta fue entregada a la Dirección Nacional del IESS. En tanto, mantienen otros procesos paralelos para compras de medicamentos: por catálogo (44 productos), subasta electrónica (70) e ínfima cuantía (29), y han solicitado cotizaciones de otros fármacos faltantes. Sin recibir ayuda en insumos de la Dirección Nacional y solo con su gestión,  esperan llegar al 83,9 % de abastecimiento entre abril y mayo próximos.