La compra pública se concentra en 5 entes
Guayaquil y cinco empresas se llevan el 28 % de la compra. Hay un ahorro fuerte.
Se gastó menos y, según las autoridades, se gastó mejor. La compra pública termina 2019 con uno de los montos más bajos de la década. La expectativa es que las transacciones del Estado no superen los 6.300 millones de dólares. Una caída de casi 1.000 millones si se compara con lo adjudicado durante el 2018.
Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), atribuye la reducción de montos por compras de bienes y servicios, en parte, a las prácticas más transparentes que implementó la entidad. Se eliminaron, por ejemplo, los proveedores únicos, se motivaron más compras por régimen común (antes reinaba el régimen especial que carece de filtros de control) y se capacitó al personal encargado de los procesos de adjudicación.
Claro que, aunque se reduzcan montos y se transparenten procesos, la compra estatal continuará manejando cifras elevadas porque es vital para el funcionamiento del país. En esa línea, ¿quiénes encabezan la lista de gastadores? En 2019, cinco entidades públicas captaron el 28 % del total de compras. Un dato llamativo si se toma en cuenta que bajo el Sercop contratan más de 3.000 instituciones de todo el aparato estatal.
El año terminará con un municipio a la cabeza. Algo poco usual porque los gobiernos autónomos descentralizados no manejan compras elevadas de bienes y servicios. El Municipio de Guayaquil, sin embargo, adjudicó un contrato de 402 millones de dólares a Urvaseo para la recolección de basura. El monto, claro está, no se desembolsó inmediatamente. Se pagará en los próximos siete años.
No fue el único gasto municipal. Entre el exalcalde Jaime Nebot y Cynthia Viteri se firmaron otros contratos por un poco más de 127 millones de dólares. Es decir, el Municipio adjudicó procesos por 529,3 millones de dólares, entre enero y noviembre de 2019.
El segundo lugar está ocupado por un cliente frecuente del Sercop. La petrolera Petroecuador compró bienes, insumos y servicios de seguridad y otras necesidades por casi 292 millones de dólares. Entre el primer y segundo lugar hay una diferencia de 237 millones.
El tercer y cuarto puesto, en cambio, despiertan sospechas por las últimas acciones del Gobierno de Lenín Moreno. Las empresas públicas eléctricas CNEL y Celec gastaron más de 450 millones de dólares en conjunto. Las dos, por decisión ministerial, fueron intervenidas en diciembre por una serie de denuncias de anomalías.
Petroamazonas cierra el ‘Top 5’ con 192 millones adjudicados entre enero y noviembre. En los primeros días de enero, según los datos oficiales del Sercop, se tendrán los resultados oficiales de las compras. No se espera que los montos varíen considerablemente.
Provincia
Pichincha sigue arriba
El reporte de compras públicas, hasta noviembre de 2019, refleja que Pichincha tiene la mayor cantidad de procesos adjudicados. Fueron 1.958 millones de dólares firmados en el período. El dato responde, en gran medida, a que las entidades del Ejecutivo están en Quito.
Proveedor
Urvaseo ganó en la compra
La transacción por 402,1 millones de dólares con el Municipio de Guayaquil colocó a Urvaseo como el principal proveedor del Estado en 2019. En el resto de lugares de honor están empresas vinculadas a sectores estratégicos y a telecomunicaciones. Diez empresas se llevaron 866 millones.
Sector
Todos fueron a la baja
Todas las entidades del Estado redujeron sus procesos de compra pública, entre 2018 y 2019. Entre los más destacados están, por ejemplo, la caída de adquisiciones en Turismo, Educación, Trabajo, el Legislativo y la función Electoral.
Los procesos del Secorp
A favor
Transparencia
El Sercop, durante 2019, se convirtió en la primera entidad pública del Ecuador que obtuvo una certificación ISO Antisoborno. El título garantiza que dentro del servicio de contratación no se permiten las coimas o los negociados.
En contra
Observaciones
Pese a los controles y al aumento de la compra por régimen común, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General y hasta la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria recibieron más de 700 procesos con anomalías.
