Computadoras y documentos fueron incautados en allanamientos por la compra de pruebas PCR en Quito
La madrugada de este miércoles 27 de mayo la Fiscalía de Pichincha hizo cuatro allanamientos en Quito
La Fiscalía de Pichincha lideró la madrugada de este miércoles 27 de mayo cuatro allanamientos en el Municipio de Quito, la Secretaría de Salud del Municipio, la casa del secretario de Salud, Lenín Mantilla y de la empresa proveedora de 100.000 pruebas PCR para diagnosticar coronavirus.
Secretario de Salud de Quito, separado por contratación de pruebas
Leer másLa Fiscalía se hizo eco de una información difundida en un canal de televisión que hablaba de posible sobreprecio en la adquisición de las pruebas PCR que iban a permitir identificar las zonas con mayor cantidad de contagios en la capital y la adopción de decisiones. Una de ellas era el cambio de color en el semáforo epidemiológico que se mantendrá en rojo hasta el próximo 3 de junio por decisión del COE Metropolitano.
Computadoras, documentos, dispositivos electrónicos y de almacenamientos, fueron entre otros los recabados durante el allanamiento efectuado desde la madrugada. La Fiscalía de Pichincha busca indicios de un posible sobreprecio en la adquisición de pruebas PCR por 3.7 millones de dólares que llegaron el 20 de abril.
Las sospechas de posibles anomalías iniciaron el 12 de mayo. El concejal Bernardo Abad señaló que recibió desde ese día quejas de distintas dependencias municipales que estaban en primera línea de combate de COVID-19 porque no se les había aplicado las pruebas como era el ofrecimiento de la Secretaría de Salud.
Hasta el momento menos de 1.000 pruebas se han efectuado y de ellas existen 51 casos positivos, según informó el secretario de Salud en la sesión del Concejo Municipal del martes. El alcalde Jorge Yunda separó al funcionario y a su equipo y dijo que pidió a la Fiscalía que investigue. Ofreció toa la colaboración.
Por supuestas irregularidades en las contrataciones de diversos insumos por la emergencia en distintas entidades la Fiscalía tiene abiertas más de 20 investigaciones. La Contraloría por su parte inició al menos 50 acciones de control en GAD municipales y parroquiales para analizar las contrataciones por la emergencia sanitaria.