Comuneros de Santa Elena optan por la vía legal para detener construcción de cárcel
Moradores de Bajada de Chanduy presentaron una acción de protección para preservar la biodiversidad de su comunidad
Este viernes 6 de diciembre de 2024, un grupo de comuneros de Bajada de Chanduy presentó una acción de protección en la Judicatura de Santa Elena contra el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Su objetivo es detener la construcción de la 'Cárcel del Encuentro', proyecto que avanza en esta provincia.
Con pancartas que llevaban mensajes como "Salvemos al bosque ancestral", "Crimen contra la naturaleza" y "El bosque es del pueblo, no del Gobierno", los comuneros manifestaron su rechazo a la obra, denunciando afectaciones graves al medioambiente. “Están talando árboles ancestrales y destruyendo el bosque. No podemos ser cómplices de este daño ambiental”, reclamó Anita Orrala, una de las manifestantes.
Los comuneros señalaron que la construcción de la cárcel ha ocasionado serios daños a la biodiversidad, además de generar contaminación en el río que atraviesa su comunidad. “Los desechos de la construcción ya están afectando nuestras fuentes de agua. Además, últimamente hemos notado la presencia de personas extrañas merodeando la zona”, informó Fabricio Hermenejildo, presidente del cabildo comunal.
Asimismo, denunciaron que nunca fueron informados ni consultados sobre el proyecto. “Se dialogó con los vecinos de Juntas del Pacífico, pero a nosotros, los habitantes de Bajada de Chanduy nos ignoraron completamente”, afirmó Gustavo Beltrán, abogado de los comuneros.
La manifestación frente al edificio judicial incluyó la participación de jóvenes que, al ritmo de tambores, coreaban consignas como "No a la cárcel, no a la corrupción. Queremos vivir en paz". Los comuneros se mantuvieron en el lugar hasta que los servidores judiciales recibieron formalmente los documentos de la medida.
Posibles acciones internacionales
Los habitantes de Bajada de Chanduy solicitaron a la jueza Ana Tapia Blacio, quien recibió la causa que, disponga la paralización inmediata de los trabajos, argumentando el peligro que representa para su entorno y su calidad de vida. Advirtieron que, de no obtener un resultado favorable, escalarán el caso a instancias internacionales para proteger sus derechos.
