La comunidad ecuatoriana de Sinangoe libra una lucha por la tierra ancestral
La comunidad demanda ahora al Estado la titularidad de sus tierras.
Tras una histórica victoria judicial contra el extractivismo, la pequeña comunidad indígena de Sinangoe, en la Amazonía ecuatoriana, demanda ahora al Estado la titularidad de sus tierras, que aseguran les han sido expoliadas a lo largo de décadas.
La comunidad, de unas 50 familias de la nacionalidad A'i Cofán y en la provincia de Sucumbíos, en el oriente, lleva años de batalla en defensa de sus derechos ancestrales, después de que el Estado le fuera comiendo sus tierras.
Así lo asegura Alexandra Narváez, miembro de la guardia comunitaria, para quien delimitar su territorio es un paso crucial para su cuidado y que se garanticen los derechos de la naturaleza.
"Aquí vivieron todos nuestros abuelos", afirmó tajante a Efe la activista, y explicó que "tras ser colonizados" terminaron "desplazados al interior de las montañas".
CONVERTIDAS EN PARQUE
La comunidad, que vive de manera autosustentable en medio de la selva a orillas del río Aguarico, lleva ya algún tiempo con la demanda ante distintas instancias gubernamentales para que sus terrenos sean reconocidos.
En 1971, el Estado se las quitó para crear el Parque Nacional Cayambe-Coca que, según los A'i Cofán, abarca su territorio ancestral y fue declarado sin su consentimiento.
De tal forma que para el Ministerio de Ambiente el territorio de esta comunidad, que también se extiende por Colombia, consta de unas 13.000 hectáreas, ni la cuarta parte de lo que les correspondería, denuncian.
Por ello, ha iniciado un mapeo de la zona y trata de demostrar su conexión a la selva.
En más de quince recorridos, los nativos y organizaciones aliadas que les asisten, como Amazon Frontlines y Alianza Ceibos, han marcado aproximadamente 5.000 puntos a través de la aplicación móvil Mapeo y, según sus cálculos, les corresponderían más de 63.000 hectáreas.
La batalla por la propiedad está ahora en el Ministerio de Ambiente, al que han entregado toda la información documental, pero tras una única reunión inicial el tema ha caído en el abandono, explicó Nicolas Mainville, biólogo y responsable del programa de Defensa Territorial de Amazon Frontlines, durante una visita de los medios a la comunidad indígena.
Una lucha en la que se ven alentados por la victoria alcanzada el pasado viernes, cuando la Corte Constitucional de Ecuador les reconoció el derecho a decidir sobre su territorio, tras asegurar que el Estado no les consultó sobre decenas de concesiones mineras en sus tierras ancestrales.
El tribunal Constitucional también indicó que se deben llevar a cabo las medidas de reparación ordenadas en la última instancia judicial que vio el caso, que recordó, "son de obligatorio e inmediato cumplimiento".
UNA COMUNIDAD INCOMUNICADA
Sinangoe, que arrastra problemas sociales incesantes, no baja la espada y anunció que este será el año de presionar para alcanzar el nuevo objetivo, esta vez no tan lejano, luego de la arrolladora victoria judicial.
Uno de sus tantos problemas es de comunicación, tras el desplome a finales de 2020 del puente peatonal sobre el río Aguarico que la comunicaba con la parroquia Puerto Libre, en la provincia de Sucumbíos.
Desde ese momento, el poblado quedó aún más lejos de los pueblos aledaños a donde sus niños solían estudiar y en los que se abastecían de productos de primera necesidad.
"Nadie hace nada. Apenas inauguraron (el puente) se cayó y lo dejaron ahí", se quejó a Efe Wider Guaramag, uno de los líderes comunitarios sobre su situación, que les exige usar pequeñas lanchas en dos ocasiones y caminar un largo trecho para salir.
También en materia de educación se ven frente al inconveniente de que su escuela colapsara el año pasado por la erosión del río desde 2018, dejando sin estudios a más de 60 menores.
La comunidad, donde el castellano es lengua secundaria, intentó levantar una nueva estructura, pero el ministerio de Ambiente les negó la autorización por estar en área protegida.
"Nuestra preocupación es dónde van a estudiar nuestros hijos" pero el Estado hace oídos sordos "poniendo pretextos" y "viola ese derecho" sin "preocuparse por la educación", sostuvo Narváez.
Como alternativa temporal, han adaptado la casa comunal para la enseñanza, aunque apenas dos días a la semana y con una sola docente para los siete niveles de la educación básica.
El resto debe apañarse para cruzar el río e ir a la vecina Puerto Libre, un recorrido de alrededor de una hora para asistir al colegio, lo que en muchos casos conduce a la deserción.
Según Narváez, solo cuatro alumnos de diez que entraron este año al alejado colegio permanecen todavía en clases, y apenas dos de un total de doce terminaron el bachillerato en 2021.
