Los concejales recurren a la justicia para sacar a Yunda
A la Fiscalía le pidieron que investigue las irregularidades en la asignación de los jueces que fallaron a favor del alcalde removido
Los 14 concejales de Quito que removieron a Jorge Yunda litigan en dos frentes: el administrativo y el judicial.
No habían querido entrar a la contienda en el ámbito de la justicia ordinaria, pero el viernes 9 de julio del 2021, con el pedido de acto urgente en la Fiscalía, la estrategia es recurrir a todas las herramientas legales “para que se reconozca que el alcalde fue removido en un acto de participación ciudadana legítimo”, sostuvo la concejala Paulina Izurieta.
Para cumplir este objetivo, los ediles emprendieron tres acciones. A la Fiscalía le pidieron que determine si hubo irregularidades en la asignación de los jueces que han fallado a favor del funcionario censurado.
“No creíamos que en este proceso debía intervenir la justicia, pero ante las irregularidades vamos a actuar unidos y a defender a los quiteños”, dijo la concejala Analía Ledesma.
La segunda acción es la presentación de un pedido de remoción del juez Carlos Soto, quien el miércoles concedió medidas cautelares para que Yunda no salga de su cargo hasta que la Corte Provincial de Pichincha resuelva una apelación de la acción de protección.
La tercera acción aún no se concretaba hasta la tarde del viernes, pero los ediles analizan si presentar una denuncia penal en contra de Yunda por no acatar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El artículo 282 del Código Integral Penal sanciona con prisión de uno a tres años a quien incumpla “las decisiones de autoridad competente”.
El viernes 9 de julio del 2021, el TCE envió un oficio al vicealcalde, Santiago Guarderas, en el que certifica que su fallo está ejecutoriado.
Yunda, por su parte, declaró que esperará la decisión de la Corte Provincial de Pichincha. Y sobre las denuncias en la asignación de los jueces, manifestó que él no conoce sobre el trámite legal, sino sus abogados. Y acusó a los concejales de enfrascarse en la pugna política y no trabajar a favor de la capital.
Carolina Moreno, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, quien impulsó el proceso de remoción, indicó que ella no entrará a la cancha de lo legal, ya que la censura se sustentó en violaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial. “Esas acciones le corresponden tomarlas al Concejo Metropolitano, puesto que deberán velar que se cumpla la resolución que han tomado”.
