Un Concejo tibio trata los fotorradares

“Estoy ocupado”, “responderé más tarde” y otras frases más fueron las respuestas que algunos de los concejales del Municipio de Guayaquil dieron a EXPRESO, al ser consultados sobre la investigación de este Diario que devela las irregularidades alrededor de los fotorradares de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de la urbe porteña. Las escasas opiniones que dieron cinco de los quince ediles dan cuenta de que este tema, que afecta a miles de conductores guayaquileños, está fuera de su radar y que, incluso, estaría por fuera de las responsabilidades del Concejo Municipal.

“Yo hago ordenanzas. De eso (los fotorradares) deben encargarse las instituciones correspondientes, porque yo tengo que dedicarme a muchas cosas más”, sostiene la concejal socialcristiana Consuelo Flores, quien hace hincapié en que la ATM es la entidad que debe responder las dudas alrededor de los equipos de medición de velocidad.

Asimismo, al ser consultada sobre su rol como fiscalizadora, señala que “para eso están las auditorías que le realiza la Contraloría General del Estado, ahí debe (la ATM) dar las respuestas” sobre las irregularidades.

Criterio que comparte la también concejal socialcristiana Laura Arteaga, quien al ser consultada sobre las acciones que podría emprender como edil de la ciudad indica que “la ATM es una empresa pública con autonomía financiera y administrativa que tiene personería jurídica propia” y que la adquisición de los fotorradares es un procedimiento exclusivo de la institución.

En ese sentido, la edil se limitó a responder que cualquier interrogante o cuestionamiento al funcionamiento de estos dispositivos de medición de velocidad “debe ser dirigido a la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil”.

A diferencia de sus coidearios, la concejal Mayra Montaño señala que “(en la sesión del 7 de diciembre de 2022) conversaré con mis compañeros para ver cómo se soluciona este problema” y hace hincapié en que, “sin ánimo de defender a la ATM, no considero que lo estén haciendo de maldad, sino que algo se les debió haber escapado en este asunto (de los fotorradares)”.

Asimismo, el exconcejal Héctor Vanegas, actual candidato a la Prefectura del Guayas, señala que lo develado por EXPRESO es un “escándalo intolerable e inexcusable” y que a su juicio el Concejo Municipal “tiene plena competencia para fiscalizar y corregir los errores que se detectan”.

Posición que los concejales de la Revolución Ciudadana, según contaron a este Diario, están adoptando para empezar a investigar las irregularidades. “Es importante conocer cómo están planteados todos los contratos y si en los términos de referencia se tomaron en cuenta o se revisaron los márgenes de error (de los fotorradares)”, indica la concejal correísta Lídice Aldás, quien añade que solicitarán los contratos para “revisarlos y ver cuál es el proceso de pago de los servicios” que ha proveído Alcolisti a la ATM de Guayaquil.

Gestiones que está compartiendo el concejal Terry Álvarez, quien señala que ha pedido un informe de los dispositivos, para “saber en qué se invierte ese monto recaudado” por las multas por exceso de velocidad en la urbe. Asevera también que solicitó información sobre la homologación de los equipos.

Los ediles correístas consideran que Alcolisti y sus irregularidades deben ser un tema prioritario en la agenda del Concejo Municipal.