La Concordia, epicentro de la pugna entre la Asamblea y el Consejo de Participación
En esa localidad se presentaron siete acciones de protección z Lo hizo una sola persona en casi una hora. Otro pedido ya tiene una fecha de audiencia
Una situación que se sale de lo común. De la decena de acciones de protección que se desprendieron a raíz de la censura y destitución, en la Asamblea Nacional, de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solamente tres siguen activas.
En una de ellas, ya se estableció la fecha de la audiencia. El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, en Quito, convocó a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo el 7 de diciembre para resolver el fondo del reclamo. También, fue citado el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela.
Sin embargo, el juez sustanciador de esta causa, Pablo Coello, negó ayer la medida cautelar con la que los cuatro buscaban dejar sin efecto la resolución adoptada por 85 legisladores, el 18 de noviembre pasado.
En la práctica, eso no cambia la situación, porque ese objetivo se logró gracias a una decisión del juez de la Concordia, Ángel Lindao Vera, que el 23 de noviembre dejó sin efecto la destitución, lo que permitió que los cuatro se vuelvan a reunir en el CPCCS. Sin embargo, en esta causa no se ha definido una fecha para la audiencia, por lo que sigue pendiente una resolución.
La medida cautelar está tan mal redactada que ni siquiera es efectiva.
Es precisamente en esa localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas en donde se produjo un hecho que, por decir lo menos, llama la atención. En algo más de una hora, una sola persona, el ciudadano identificado como Manuel Vicente Párraga Quiroz, presentó siete acciones de protección seguidas.
Algunas de ellas, según el sistema de consulta de procesos de la Función Judicial, ingresaron con diferencias de tres o cinco minutos. Todas, excepto la que cayó en manos de Lindao Vera, fueron desestimadas.
El argumento, en los seis primeros casos, fue una falta de competencia territorial, ya que tanto la sede de la Asamblea Nacional, así como la planta central del Consejo de Participación Ciudadana, están ubicadas en Quito. Pero en el séptimo intentó no se tuvo en cuenta ese detalle y se aceptaron las medidas cautelares.
El legislador y jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, aliado del correísmo, en el empeño de censurar y destituir a los cuatro consejeros cuestionó la decisión de Lindao y recordó que fue el juez que decidió la devolución de bienes para Leandro Norero, que era investigado por lavado de activos y narcotráfico, hasta que fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi.
Por eso, la Asamblea presentó en su contra, ante el Consejo de la Judicatura, una denuncia por error inexcusable.
Sin embargo, el jefe de la bancada de Pachakutik considera que la Asamblea debe respetar el pronunciamiento de ese juez que dejó sin efecto la resolución de destitución de los cuatro vocales del CPCCS. “Eso es lo que se debe hacer para devolver la tranquilidad institucional”, señaló.
Una tercera jurisdicción en la que se presentó una acción de protección en el mismo sentido es Balzar, en Guayas. El recurso fue presentado por Luis Mariano Alarcón quien, según una resolución del juez que sustanciará la causa, tiene tres días, desde el 23 de noviembre, para completar la documentación para continuar el trámite.
