El concurso para la Corte Nacional de Justicia recibe más lodo
Mario Godoy y un asambleísta de Construye hablan de puntajes irregulares a los postulantes
Renovar la Corte Nacional se ha vuelto una tarea imposible. Primero se dio de baja el concurso de 2023, impulsado por Wilman Terán, y ahora el proceso de selección, que inició Álvaro Román, está apunto de correr la misma suerte.
La motivación, según Mario Godoy, presidente de la Judicatura, es que ha encontrado irregularidades en la fase ya precluida de méritos de tres postulantes para la Sala de lo Contencioso Tributario. Todo esto a partir de la denuncia de la postulante Mayté Benítez, quien ha sido mencionada en el caso Pantalla, como una de las aspirantes que recibió apoyo de Terán, en el concurso.
Godoy indica que los expertos, que eran abogados de las mejores universidades del país y con trayectorias reconocidas, entregaron puntajes mayores y sin sustento a Stalin Lucas Baque, Camila Moreno Subía y Claudia Salgado Levy.
La denuncia de Godoy fue en una sesión extraordinaria del pleno del Consejo de la Judicatura la tarde del lunes 28 de octubre, el mismo día que el presidente Daniel Noboa envió su terna para la Corte Constitucional y puso a Claudia Salgado Levy como primera de la lista.
Otros puntos del orden del día tenían que ver justamente con avanzar el concurso, como revisar la metodología de los exámenes de confianza, por parte de una organización internacional que colaboró con el país. Sin embargo, Godoy, secundado por el vocal Merk Benavides, se negó a conocer más del concurso hasta “transparentar todo”.
Para Paúl Buestán, asambleísta de Construye, el concurso debería ser dado de baja. Dijo que este proceso, desarrollado por Román, ha sido direccionado a unos postulantes que recibieron más puntos. Adelantó que presentó una denuncia en el Consejo de la Judicatura para que esta investigue las calificaciones de otro grupo de postulantes, que, a su criterio, recibieron puntos adicionales sin justificación. “Es imposible que en este país sean designados a dedo y sean beneficiarios de ciertos actores que no sabemos a qué sector político pertenecen”. Aseguró que el concurso debe darse de baja y no descartó impulsar un proceso de juicio político contra los vocales.
Es la segunda vez que al interior de la Asamblea Nacional circula, como un rumor todavía, un acuerdo entre bancadas para llevar a juicio político a los vocales Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y el expresidente Álvaro Román, a quien ahora Godoy acusa de prácticamente no dar trámite, de forma deliberada, la denuncia de Benitez.
La tarde del lunes, en la sesión del Pleno de la Judicatura, para las vocales Godoy y Yupangui fue una sorpresa el informe elaborado por los funcionarios de Godoy. Goyes se quejó de que no se haya podido conversar previamente, que no se diera el tiempo suficiente para analizar los resultados de las verificaciones de las calificaciones y que no se haya considerado la voz de los expertos que supuestamente aumentaron los puntajes de forma irregular.
Solanda Goyes pone el foco al equipo de revisión
Uno de los puntos más álgidos fue cuando Goyes le dijo que se debe revisar cuál es el equipo a cargo de la revisión de la fase de méritos, porque, según ella, estarían los mismos que colaboraron con Wilman Terán en el concurso que se dio de baja y que ahora es investigado en el caso Pantalla.
Ella también pidió el sustento legal para verificar una fase precluida. Godoy explicó, cómo argumento, que se debía responder a la denunciante. El director jurídico aseguró que esta revisión de calificaciones se hacía sobre la base del artículo 66, numeral 23 de la Constitución que señala “el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas”.
También citó los artículos 27 y 10, numeral 17, del reglamento del concurso para la Corte Nacional. Que hablan de que en una fase precluida ya no caben las reconsideraciones. “¡Cuidado hagamos una interpretación extensiva porque esa fase ya está precluida!”, advirtió Goyes.
