Concurso de fiscal general: el CPCCS está llamado a enderezar su traspié

A pesar de que el juez Vicente Pico Lozano, de la Unidad Judicial de Montecristi, dio marcha atrás en su decisión que frenó el concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado, esto no sería suficiente para evitar que el proceso camine hacia la deriva y el descrédito en un futuro cercano.

De acuerdo con analistas consultados por este Diario, quienes coinciden en condenar el abuso de los recursos constitucionales, conseguir que el próximo fiscal general del Estado no sea una autoridad cuestionada, como ha sucedido en otros procesos, solo está en manos del propio Pleno del CPCCS.

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La constitucionalista e integrante del colectivo Juristas por la Democracia, Ximena Ron, por ejemplo, sostiene que más allá de las medidas anunciadas por el CPCCS, el Pleno también debe mirar puertas adentro y realizar las rectificaciones que sean necesarias.

“(Las acciones anunciadas) no quita la posibilidad de reformar el reglamento del concurso en sus nudos críticos, que es lo que estamos pidiendo desde la ciudadanía”, acota y señala que este proceso no implica necesariamente una reconstrucción toral, pero sí integral y con participación ciudadana.

EXPRESO intentó comunicarse con los siete consejeros de Participación Ciudadana para consultarles sobre las acciones que tomarán en el concurso de fiscal general para garantizar su integridad y continuidad, pero hasta el cierre de esta edición no hay una respuesta.

Asimismo, este Diario intentó contactarse con el abogado Kenny Delgado, quien interpuso la ahora archivada acción de protección contra el reglamento del CPCCS, para que explique las motivaciones detrás de su recurso, pero tampoco contestó hasta el cierre de esta edición.

El CPCCS, por su parte, una vez conocida la orden judicial, se limitó a anunciar que, además de solicitar la revocatoria de la medida cautelar que le fue concedida, pediría al Consejo de la Judicatura la declaratoria de error inexcusable al juez de Montecristi y lo denunciarían por presunto prevaricato ante la Fiscalía General del Estado.

Reformar el reglamento del concurso, el paso inevitable

Sin embargo, al igual que Ron, el abogado y también integrante del colectivo Juristas por la Democracia, Pablo Encalada, resalta que los problemas que está experimentando el CPCCS se pudieron evitar si la entidad hacía honor a su nombre y abría sus puertas para la construcción del reglamento.

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“Hay un montón de gente que tenemos muchas cosas por decir sobre el reglamento. Lo importante es la reforma, así se demore un par de semanas más para que se legitime (el concurso) y continúe”, comenta y acota que esto tampoco garantizaría que más adelante existan otros tropiezos.

En esa misma línea se encuentra el exconsejero de Participación Ciudadana, Aland Molestina, quien recuerda que, hasta el momento, la proliferación de las acciones de protección han sido una constante en los concursos liderados por la institución, como recientemente pasó con la Defensoría Pública.

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“Lastimosamente esa es una realidad que no permite que los concursos terminen en los seis u ocho meses previstos. Al Consejo solo le queda seguir y apelar las sentencias”, acota y recuerda que una postura firme también depende en gran medida a la voluntad política del Pleno del CPCCS.

Concurso para fiscal general: ¿qué hacer con la probidad notoria?

Siendo la necesidad del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) blindar el concurso para elegir fiscal general, el jurista Pablo Encalada señala que se podrían explorar otras alternativas.

Por ejemplo, señala que, en lugar de las restricciones ubicadas en el reglamento, el CPCCS debería ser más riguroso en el apartado de méritos para filtrar el perfil de fiscal general que pretenden.

Asimismo, Encalada sostiene que la búsqueda de la probidad notoria también podría legitimarse, por ejemplo, con la recomendación de universidades que apuesten por un perfil del concurso.

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