Concurso jueces nacionales: el reto de impregnar confianza

El Consejo de la Judicatura irá por el tercer intento de designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Un reglamento técnico y la no injerencia política en el proceso son claves para el nuevo proceso, según lo analizan expertos.

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El pasado 21 de noviembre, la Judicatura declaró la nulidad insanable. Hubo 17 anomalías que pusieron en entredicho la legitimidad del proceso.

Entre los cuestionamientos estuvieron: postulantes con títulos que no correspondían a la especialidad y obtuvieron irregularmente hasta 26 puntos, cambios de metodología y la cuestionada contratación de Métricas Web para realizar el examen de confianza a los postulantes.

La Judicatura tiene que lograr no solo rectificar esos errores, sino también dotar al concurso de la suficiente confianza en medio de la crisis en la que se encuentra el poder judicial.

Para dos representantes del gremio de abogados, la base de todo está en la construcción del reglamento. Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, se requiere de reglas técnicas para que no existan vacíos en los que pueda haber injerencias.

Para eso es necesario que su construcción no se quede en los directivos de las diferentes áreas de la Judicatura, sino que también participe la Academia y los abogados en libre ejercicio.

Algo similar opinó Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Sin embargo, consideró que el cambio para elaborar esos reglamentos debe originarse en una modificación sobre quienes realizan el concurso.

“Los concursos deben ser manejados mediante la Academia Nacional”, mencionó. También sugirió que el Consejo puede delegar esa función a la Academia y aprobar el resultado.

¿Qué dice Judicatura sobre el reglamento?

Establecer un reglamento más sólido sí está en el radar de la Judicatura. Al menos eso se desprende de las declaraciones del presidente del Consejo, Mario Godoy, ayer en FM Mundo. Dijo que tienen la visión de generar un espacio más participativo para establecer las nuevas reglas del concurso.

También mencionó que el declarar en emergencia a la Función Judicial serviría para evaluar a los funcionarios, no solo en lo que tiene que ver con actos administrativos, sino también en lo relacionado con los patrimonios de los servidores judiciales.

Pero la crisis de la justicia también tiene una raíz más profunda. El mismo Yánez señaló que mientras el poder político tenga influencia en el poder judicial, los concursos tendrán el mismo fin que el último.

Esa visión es compartida por la Misión Internacional de Observación del Proceso de Renovación de la Corte Nacional de Justicia. En un comunicado emitido tras la decisión de la Judicatura, planteó un “llamado urgente a separar el futuro proceso de selección de los procesos político-electorales que se desarrollan actualmente en el Ecuador”. Hay que recordar que en febrero del 2025 se votará para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas.

Ahora, la Judicatura tiene 90 días para armar el nuevo proceso. Y, sobre esa labor, los dos representantes de los abogados del país tienen opiniones divididas respecto a la confianza en el Consejo de la Judicatura.

Ocaña consideró que sí existe la confianza suficiente para que el nuevo concurso se realice de mejor manera; mientras que Yánez dijo que no confía porque la actual Judicatura ni siquiera “ha implantado las bases para un cambio futuro”. 

Hay que tomar en cuenta que el nuevo concurso iniciaría, al menos, en febrero del 2025. Mientras tanto, la Justicia continuará operando con déficit y en causas acumuladas.

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