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Concurso
Selección. La prueba de confianza fue una de las más cuestionadas en el concurso de la Judicatura anterior.Archivo / Expreso

Concurso para juez nacional aplica la misma receta fallida

10 años de experiencia para llegar a la Corte Nacional. La falta de vocación y el uso de la justicia son problemas de fondo

Es el segundo intento. El Consejo de la Judicatura tiene previsto nombrar a nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia. Esta vez tratará que sean probos y no se repitan escenas como las que dejaron los casos Metástasis, Purga o Independencia Judicial donde se narran planes para arreglar sentencias, jueces siguiendo la hoja de ruta de un partido político o colaborando con el crimen organizado.

Se trata de un camino cuesta arriba y lleno de debilidades. Una de estas es que la Judicatura aplica la receta de siempre con la esperanza de conseguir un resultado distinto.

Una muestra es lo ocurrido ayer: un exconcursante plantea una acción de protección con medida cautelar ante una jueza de Quevedo y esta ordena la suspensión del concurso. Parecería un hecho aislado, pero en el fondo se trata de un problema estructural. A través de acciones constitucionales se puede entorpecer, dilatar y hasta ordenar recalificaciones, volver a tomar pruebas o aceptar candidaturas.

La segunda dificultad en el concurso consiste en la falta de vocación. Annabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, indica que la ciudadanía espera que los jueces sean éticos y tengan una vocación por servir. “Pero no hay una evaluación de un componente vocacional. Un abogado en libre ejercicio no es igual que un juez, este implica una posición de imparcialidad absoluta y de generar un equilibrio entre lo justo y lo legal”.

Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, dio cifras de los funcionarios que han sido procesados por delitos.

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Sostiene que el deterioro de la justicia es también un desincentivo para los buenos profesionales. “Ven que para llegar a ser juez hay que tener relacionamientos políticos o dinero y prefieren no participar”.

En España, por ejemplo, existe una Escuela Judicial, que es un centro de selección y formación de los futuros jueces y magistrados. Los abogados ingresan luego de una prueba y se forman durante tres años con la idea de hacer una carrera en el servicio público. En ese tiempo deben pasar exámenes de aptitudes, de conocimiento y deben demostrar su ética.

La edad media de los jueces en España es 50,4 años y su antigüedad media en la carrera Judicial, de 19,2 años, según datos del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España.

En Ecuador se puede llegar a ser juez nacional a los 34 años. Entre los requisitos que se exigen son tener 10 años de experiencia como abogado, en la judicatura o cátedra universitaria.

El criterio de la abogada Lorena Grillo es que para ser juez se debería exigir un mínimo de 20 años de experiencia, pero los mismos jueces se oponen a las reformas. “Es difícil ser más rigurosos cuando el espíritu de cuerpo hace que se imposibilite no solo buscar mejores perfiles, sino más preparados”.

El tercer riesgo es la forma cómo está estructurado el concurso. Hay tres etapas: méritos, oposición e impugnación ciudadana. El rol de la ciudadanía se deja en la última etapa, lo que impide que haya un verdadero involucramiento.

Para Yolanda Yupangui, vocal de la Judicatura, el “garantizar la llegada de jueces probos a nuestro sistema judicial es una prioridad que ha sido abordada con profunda seriedad y responsabilidad en el pleno del Consejo de la Judicatura. Hemos implementado una serie de mecanismos rigurosos para asegurar que los candidatos seleccionados sean los más preparados, íntegros y comprometidos con los valores de justicia y equidad”.

La vocal menciona, en primer lugar, las pruebas académicas, psicológicas y de confianza. “Estas evaluaciones están diseñadas para medir no solo el conocimiento de los candidatos, sino también su capacidad para manejar las presiones y responsabilidades del cargo de manera ética y profesional”.

El segundo mecanismo es la veeduría ciudadana “para asegurar la transparencia y la participación de la comunidad en el proceso de selección. Este mecanismo permite que los ciudadanos puedan impugnar a los candidatos, proporcionando una capa adicional de escrutinio”.

En el concurso, llevado adelante por Wilman Terán, presidente de la Judicatura (ahora preso), también se aplicaron los mismos mecanismos: pruebas, veedurías y, aún así, los resultados estaban arreglados, según un exfuncionario de la Judicatura, ahora testigo contra Terán.

  • Proceso. En el concurso para la Corte Nacional fueron descalificadas 94 personas, por falta de requisitos. 172 pasaron a la siguiente fase de méritos.

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