Concurso del fiscal general: Varias sombras se posan sobre la suspensión
Expertos creen que grupos políticos están tras la suspensión de elección del nuevo Fiscal. Opacidad en las medidas adoptadas
Improcedente. Ilegal. Irregular. Así catalogan expertos en Derecho Constitucional a las medidas cautelares dictadas por un juez de primera instancia, dilatando el proceso para el concurso para escoger al nuevo fiscal general del Estado. Para los expertos, esta acción tiene tinte político.
El juez multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi, en Manabí, Vicente Pico Lozano, admitió a trámite una acción de protección con medida cautelar presentada en contra del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) porque alega que el reglamento para el concurso, aprobado el 11 de septiembre de 2024, vulnera los derechos de participación.
La suspensión de la ejecución de la resolución del CPCCS, donde se aprueba el reglamento para la elección de fiscal general de la nación, tiene varias falencias, a criterio de Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas. Entre ellas que las audiencias de acción de protección deben ser expeditas, ya que como es un tema de vulneración de derechos, tienen que deliberarse rápido. Sin embargo, esta está prevista para el 29 de octubre. “Eso ya es irregular”.
No obstante, como la denuncia no va dirigida en contra de una persona, sino de un reglamento, es decir, de un acto normativo, no procede la acción de protección, asegura Christian Quimí, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, y docente de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Por lo que solamente procede la acción pública de inconstitucionalidad y en esta figura solo puede conocerla la Corte Constitucional, no un juez de primer nivel, dice.
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Francisco López
Eso está señalado en la sentencia 110-14-SEP, caso 1733-11-EP; allí también determina que quien tiene la potestad para suspender los efectos de una norma jurídica es la Corte Constitucional, manifiesta Quimí. Es por esto por lo que, a su juicio, es “una medida inminentemente política; un uso de la justicia a otro poder del Estado”.
¿Estrategia política?
Aunque podría ser “una devolución del golpe por parte del correísmo (al CPCCS) por lo de la liga azul”, piensa Quimí. No obstante, el consejero de línea correísta, Augusto Verduga, expresó -en su cuenta personal de X- su rechazo y aludió a que la Corte Constitucional no guarde silencio “ante el abuso de las garantías jurisdiccionales en los concursos del CPCCS”.
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Christian Quimí
Por otro lado, el expresidente Rafael Correa publicó que “lo que hace el juez Pico es prevaricato, porque actuó contra expresas disposiciones legales. Debe irse preso”. Sin embargo, “hay grupos políticos que podrían verse beneficiados que esto se dilate más”, expone López.
Esto, porque “si se cumplen los tiempos aparecen nomás disposiciones o autoridades que, sin tener posibilidad jurídica de hacerlo, prorrogan en sus funciones a las autoridades actuales, meses y años”, indica López. Pero el objetivo político se verá con el tiempo.
El recurso fue presentado por el abogado Kenny Delgado, quien trabajó en el Municipio de Montecristi, donde Jonathan Toro es el alcalde por el partido Avanza. EXPRESO consultó a Javier Orti, presidente de Avanza, sobre si él conoce a Delgado y su opinión al respecto, a lo que dijo que no lo conocía y a “la verdad estamos concentrados en el tema electoral”.
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