Crisis institucional: los nudos en concursos de autoridades a cargo del CPCCS

Ecuador atraviesa una crisis de institucionalidad evidente, marcada por la falta de renovación de autoridades clave. La situación ha obligado a que varios cargos permanezcan prorrogados, como el de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el defensor del Pueblo.

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La incertidumbre generada por las designaciones pendientes no solo debilita las instituciones democráticas, sino que también podría entorpecer procesos fundamentales como las elecciones, observan sectores políticos.

Días atrás, la Procuraduría General del Estado ratificó el criterio de que los consejeros del CNE deben seguir en funciones más allá del 20 de noviembre de 2024, cuando termina su mandato oficial, debido a los retrasos en el concurso de designación de sus remplazantes.

Problemas en el contenido de los reglamentos de los concursos

Este proceso, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha enfrentado varios problemas, incluidos retrasos en la aprobación de reglamentos y acciones legales, que han demorado la selección desde 2022.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo sigue encabezada por César Córdova, encargado desde 2021 tras la salida de Freddy Carrión, condenado por abuso sexual. El concurso para designar al nuevo titular tampoco ha avanzado como se esperaba. El proceso apenas se encuentra en la fase de conformación de la comisión ciudadana que seleccionará a la autoridad.

Expertos consultados señalan que la raíz de estos problemas es la politización del CPCCS, un organismo que debería ser independiente y de origen ciudadano, según la Constitución. María Fernanda Rivadeneira, exvicepresidenta del ente, sostiene que la influencia de partidos políticos genera bandos dentro del pleno y, con ello, desacuerdos que afectan los concursos.

“Claramente, en el momento en que los políticos o los partidos políticos auspician a un tipo de candidato al CPCCS, este ya le debe ese favor a ese partido político”, explica.

Además, esta politización se extendería a las comisiones ciudadanas encargadas de la ejecución técnica de los concursos. Según Rivadeneira, estas comisiones no están exentas de los cálculos políticos, lo que genera potenciales retrasos.

Por otro lado, la presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica Jaramillo, apunta que los problemas también radican en la calidad de los reglamentos que sustentan los concursos: “Los reglamentos han sido creados sin la prolijidad que se requiere. Como ejemplo, en el caso del concurso para elegir a nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral, se ha retrasado por cuanto sobre el reglamento se presentó una acción de protección porque no veía temas de paridad”.

Jaramillo recuerda otros ejemplos de deficiencias normativas, como el reglamento del concurso para fiscal general, que incluyó un artículo inconstitucional ampliamente cuestionado. Según la experta, estas fallas de origen evidencian la falta de solvencia en la planificación de los concursos y su ejecución. Esto sin contar con los cambios de vocales que ha experimentado el CPCCS.

Este Diario solicitó una entrevista con algún vocero del CPCCS a través de su departamento de prensa, pero sigue pendiente la coordinación del diálogo. Solo se entregó información a consultas puntuales sobre el estado de los concursos a cargo de la entidad.

Los brazos políticos que acechan a la institución

La activista política Pamela Troya también señala que los retrasos no son tan accidentales, sino consecuencia de la resistencia de ciertos sectores políticos a perder control sobre las designaciones. “Vemos que las fuerzas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano constantemente están atacando a la fiscal, cuando ella ha destapado casos importantes de corrupción, donde están involucrados personajes que, de alguna manera, están vinculados con esos partidos políticos”, dice Troya.

Ella propone desempolvar la consulta popular hecha en la época del gobierno de Guillermo Lasso para reformar la estructura del CPCCS, a fin de que la atribución de la designación de autoridades de control sea manejada de forma abierta por el Legislativo, como era antes, donde al menos se sabía con certeza quiénes estaban detrás de algún cargo, para así poner los ojos sobre sus reales intenciones; no como ahora, cuando los consejeros del CPCCS están escudados en una falsa figura apartidista.

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