Conflicto armado interno: Ecuador, sin pauta histórica ante el narcoterrorismo

El atentado con coche bomba a un cuartel policial de San Lorenzo, en la fronteriza provincia de Esmeraldas, en enero de 2018, marcó el inicio de una insospechada etapa de terror y zozobra que con los años se adentraría en las fibras de Ecuador.

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Seis años después, el recrudecimiento de la violencia motivó el inédito reconocimiento de un conflicto armado interno entre el Estado y los grupos narcocriminales, señalados de terroristas por los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Aunque esta no es la primera vez que los ecuatorianos hablan de terrorismo en el país.

En los 80, Alfaro Vive Carajo, un grupo guerrillero subversivo catalogado de terrorista por el gobierno de León Febres-Cordero, ejecutó secuestros y asaltos para difundir sus mensajes políticos. Incluso incursionaron en medios de comunicación, como lo recién visto en TC Televisión y Gamavisión.

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Si ambos grupos fueron identificados como terroristas por los gobiernos de turno, ¿son lo mismo? Incluso, ¿la etapa de Alfaro Vive Carajo podría servir de pauta para enfrentar a este nuevo enemigo del Estado ecuatoriano? Según exuniformados policiales y castrenses consultados por este Diario, no.

De hecho, no hay comparación, sostiene Luis Altamirano, excomandante general del Ejército. “Alfaro Vive Carajo se trataba de una amenaza insurgente con objetivos políticos en un periodo donde aún subsistía el conflicto ideológico en la implantación de un sistema de naturaleza comunista”, dice.

Los grupos narcocriminales, calificados de terroristas por los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, por otro lado, son un efecto exacerbado de la delincuencia transnacional organizada, acota el almirante Fernando Donoso, exministro de Defensa y excomandante general de la Marina.

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Ante estas diferencias, Altamirano sostiene que la categoría de terroristas no se ajusta totalmente a la realidad de violencia del país. “A mi modo de ver, la designación de grupos organizados armados que desarrollan actos terroristas hubiera sido lo más adecuado por estas contradicciones”, dice.

Las diferencias también radican en la estructura y alcances de estos grupos calificados como terroristas, dice el exministro Donoso. Mientras Alfaro Vive Carajo, por ejemplo, era una célula guerrillera, los grupos narcocriminales “son una cadena de hechos que vienen desde México, pasando por Colombia y llegando a Ecuador”.

De hecho, según ha declarado el presidente Daniel Noboa en diferentes entrevistas durante la declaratoria del conflicto armado interno, la acción de estos grupos narcocriminales perfilan la costa latinoamericana, llegando al Perú. Su alcance masivo también conlleva a que tengan más ‘militantes’ armados en las calles.

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Según cálculos del Gobierno, alrededor de 20 mil personas integran grupos criminales en el país. Aunque no superan numéricamente a la fuerza pública, su capacidad de fuego es mayor, continúa Donoso. “Es mucho más grande, mucho más difícil, más costoso de enfrentar y requiere de mayor tecnología, armamento e inteligencia”, dice.

Incluso, el exministro de Defensa sostiene que la lucha contra los grupos narcocriminales se ha complicado, según lo visto en el caso Metástasis. “Los tentáculos de la delincuencia transnacional organizada van introduciéndose poco a poco en todos los estamentos del Estado, más aún en la fuerza pública”.

Este caso, que precisamente indaga una estructura criminal incrustada en el Estado ecuatoriano, también ha desvelado que los grupos criminales tienen incidencia, además de la fuerza pública, en el sistema carcelario y la Función Judicial. Las miles de hojas con chats del narcotraficante Leandro Norero (+) así lo ha demostrado, según la Fiscalía General del Estado.

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A diferencia de las acciones puntuales tomadas por el expresidente León Febres-Cordero para contrarrestar los actos terroristas de Alfaro Vive Carajo, el combate sin precedentes al narcoterrorismo necesita de una reformulación del sistema y la normativa, según el teniente coronel de la Policía Nacional (sp), Mario Segovia.

“(El terrorismo y la corrupción) son un cáncer que hay que extirpar del Estado”, dice e indica que los cambios normativos deben estar enfocados a tener controles frontales en las cárceles y depurar a los elementos contaminados de la Función Judicial y del resto de poderes del Estado. “No se necesitan paños de agua tibia”, continúa y hace hincapié en que eso debe estar acompañado de un combate frontal a los narcoterroristas en las calles del país.

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