Las conjeturas se alimentan con la parsimonia de la Corte Constitucional

Ajustando una coartada. La conformación de la veeduría ciudadana para revisar decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio no se detiene, mientras la falta de un pronunciamiento desde la Corte Constitucional (CC) plantea algunas preguntas.

Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), anunció ayer que son 41 las personas que se inscribieron para ser parte de ese observatorio ordenado por el juez de Montecristi, Leiver Quimis, pese al dictamen vigente desde 2019 que impide observar las decisiones del transitorio.

A la par, se conocía que el pleno de la CC se reunía para seguir analizando la información que ha recibido desde la Fiscalía General del Estado, el propio CPCCS y el juez Quimis y empezar a elaborar un borrador de resolución sobre un posible incumplimiento de la sentencia.

(Le invitamos a leer: Corte Constitucional: la falta de un pronunciamiento inquieta)

Sin embargo, cuándo habrá una definición para conocer el futuro de Quimis y Vera, que serían los principales artífices de la creación de la veeduría (el uno por ordenarla y el otro por permitirla), todavía no está claro, en parte porque la Corte no tiene plazos establecidos.

El abogado Andrés Castillo no ve a la Corte Constitucional maquinando cosas o cuadrando tiempos por algún tipo de interés específico. Sobre todo, porque aunque Vera ‘no es santo de su devoción’, cree que no hay causales para su destitución porque, formalmente, no hay un documento que sustente que fue el que ordenó conformar la veeduría, a diferencia de la situación del juez Quimis.

“No me cabe duda de que fueron puestos en el CPCCS para poner a gente del correísmo en los organismos de control, pero creo que este tema con la Corte Constitucional va por otro lado”, señaló.

(También, le puede interesar: CPCCS: La audiencia de apelación al fallo del juez de Montecristi ya tiene fecha)

Se refiere a ciertas opiniones que surgieron sobre todo en las redes sociales de que una demora en la resolución podría estar atada, por ejemplo, a la designación del titular de la Contraloría General del Estado, prevista para mediados o finales del mes de octubre.

Vera afina su coartada para descartar una posible destitución. Por un lado, dijo ayer que no hay un documento o correo electrónico en el que él o algún consejero disponga iniciar la creación de la veeduría. Además, que esta en rigor no ha sido aún conformada y que una resolución de la Corte Provincial de Manabí, en donde fue apelado el tema, o de la propia Corte Constitucional la podría frenar y terminar con el asunto.

En la misma línea se ubicó el abogado Miguel Revelo, que considera que en un caso tan delicado lo mejor es no ‘hilar fino’ y que lo coherente es que los jueces constitucionales analicen con detenimiento todas las pruebas para que no cometan errores que pueden traer consecuencias.

(Puede encontrar: La Contraloría pide fecha al CNE para auditar el fallido voto en el exterior)

“Más bien, considero que los jueces constitucionales antes de tomar cualquier resolución lo primero que deben hacer es contestar a la consulta que hizo el presidente del Consejo de Participación”, en el sentido de si hace caso a la sentencia del juez Quimis o al dictamen constitucional de 2019.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!