Crisis eléctrica: nada conmueve al monopolio estatal | Por Roberto Aguilar

No es la mitad de lo que originalmente fue ni la sombra de lo que pudo ser. La “Ley Orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables”, el nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo que la Asamblea debatirá este 20 de octubre de 2024 en una inusual sesión dominical, pretendía ser una suerte de Ley-No-Más-Apagones 2.0 que corrigiera la vocación estatista de la anterior. Pero se quedó corta: algunos de los artículos más importantes remitidos por el presidente fueron eliminados al pasar por el filtro de la Comisión de Desarrollo Económico, donde paradójicamente el gobierno cuenta con mayoría y tiene a su principal vocera parlamentaria, Valentina Centeno, como presidenta.

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Cierto es que la nueva ley eleva la capacidad de producción eléctrica de los privados de 10 a 100 megavatios (solamente en proyectos de “energía renovable no convencional”, por cierto) pero, entre otras cosas, la Comisión eliminó las garantías de pago a favor de los inversionistas, cuya ausencia es precisamente lo que ha mantenido represados los proyectos de energía eólica y fotovoltaica más importantes del país. Desechó también el artículo en el que se contemplaban incentivos a la inversión. Y no recogió casi ninguna de las propuestas que le hicieron llegar las cámaras de la producción. Así reducida, la nueva ley orgánica cabe en tres páginas: contiene cinco reformas (solo una de ellas es de fondo) y siete disposiciones generales y transitorias.

Lo de las garantías de pago es lo más grave. El proyecto original enviado por Daniel Noboa proponía añadir al capítulo 2 de la Ley de Electricidad, que establece el régimen de funcionamiento del sector, un artículo para regular los acuerdos de compra de energía. En ese artículo se contemplaba la posibilidad de que los contratos de compra de electricidad a productores privados estuvieran “respaldados por garantías emitidas por el Estado, conforme el procedimiento establecido en las leyes y normativa que regulan el endeudamiento público o mediante fideicomisos específicos previa la autorización del ente rector de finanzas”.

Fideicomisos de ese tipo ya se intentaron en el Ecuador. Y fracasaron. Esta semana, EXPRESO contó la historia del proyecto fotovoltaico de El Aromo, concesionado durante el gobierno de Guillermo Lasso a la empresa española Solarpack (hoy Zelestra, subsidiaria de la mayor compañía sueca de energías limpias: EQT) para producir 200 megavatios con paneles solares en el terreno aplanado de la inexistente refinería del Pacífico. Los inversionistas propusieron que alguna empresa pública (el Banco del Pacífico o la CFN) administrara un fideicomiso al que se transfirieran todos los ingresos por concepto de venta de electricidad para cubrir, con ellos, la recuperación del capital y los costos de operación y mantenimiento.

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Sin esa certeza de retorno, difícilmente alguien se arriesgará a hacer negocios con un Estado (el ecuatoriano) con una cultura de pagos tan informal y un historial de cumplimiento tan deficiente. El acuerdo, sin embargo, fracasó por la oposición de los sindicatos del sector eléctrico: un fideicomiso de esa naturaleza implicaba transparentar una contabilidad que ellos prefieren mantener en la opacidad de la que medran los contratos colectivos. Y como el acuerdo fracasó, el proyecto fotovoltaico El Aromo se paralizó. Un año y medio después de concesionado, Solarpack no ha colocado una piedra hasta no estar seguro de que podrá recuperar el capital invertido. ¿Alguien los puede culpar? Y en la posición de Solarpack se encuentra otra empresa española, Cobra, a la que se le adjudicó el proyecto eólico de Villonaco, que producirá 110 megavatios de energía: solo espera una garantía de pago para arrancar.

Estos son los hechos de la realidad. Pero la realidad no cuenta en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. “¿Garantías? ¿Qué garantías vamos a ofrecer?”, se quejó el correísta Blasco Luna con su tono rudo, rudimentario y un tanto zafio. Él y sus compañeros de partido, Katiuska Miranda y Lenin Lara, acometieron el tratamiento de esta ley “para impulsar la iniciativa privada” como si se tratara precisamente de impedirla. Así como a las garantías de pago, se opusieron también a los incentivos para los proyectos de inversión privada en generación eléctrica y consiguieron eliminar el artículo respectivo de la propuesta original. Los correístas criticaron rabiosamente el texto del Ejecutivo por no especificar el tipo de incentivos que se adoptarían. Pero en lugar de hacerlo ellos como legisladores, cosa que no tenía mayor misterio (se habló por ejemplo de la exoneración de aranceles en la importación de materiales y equipos destinados a la generación) prefirieron cortar por lo sano y echar el artículo entero a la basura.

Lo curioso, lo incomprensible desde una perspectiva política, es que los correístas que se opusieron a aprobar estas facilidades para la inversión privada y consiguieron sacarlas de la ley, no fueron los que terminaron votando a favor del proyecto así mutilado: ellos se abstuvieron. Votaron a favor la oficialista Valentina Centeno, el socialcristiano Jorge Acaiturri y los demás integrantes no correístas de la Comisión. No solo eliminaron esos puntos fundamentales de la ley, sino que mantuvieron disposiciones poco amigables con la empresa privada, como aquella de revertir al Estado, sin costo alguno, toda la infraestructura de un proyecto eléctrico cuando concluya el plazo de la concesión.

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Y se negaron a acoger las propuestas del sector privado: que el incremento de la cuota de producción privada incluya también proyectos termoeléctricos; que se abra a los privados la participación en el sector de la transmisión, que también necesita expandirse (y, de hecho, era el que principalmente debía desarrollarse en el país según las ofertas de campaña que llevaron a Daniel Noboa a la presidencia); que los gestores de proyectos puedan, en los casos en que lo determine el Estado y bajo su autorización y control, incursionar en la comercialización de energía… Cosas que razonablemente cabía esperar de una ley destinada a incentivar la participación de la empresa privada en el sector eléctrico pero tendrán que quedar para otra ocasión.

Nada de lo cual impedirá que los apóstoles de los monopolios estatales acusen a esta nueva ley de privatizadora, así como hicieron con la anterior, por la que sin embargo votaron de forma unánime. Diego Borja, el candidato a la vicepresidencia de Luisa González, ya pergeñó una explicación oficial que difundió a través de tuits y videos de TikTok, medios que soportan y favorecen la creación de realidades paralelas: que el gobierno le apuesta al “negocio de la quiebra”, dice en mensajes informales y traviesos.

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Según esta peregrina idea, Daniel Noboa está empeñado en quebrar el sector eléctrico para mejor privatizarlo, y en esa estrategia se encuentra la explicación última de la actual crisis. Como si algún provecho le pudiera reportar al presidente provocar los apagones que amenazan con hacerle perder las elecciones. La cruda realidad es exactamente la opuesta: el gobierno se sigue resistiendo a abrir el sector eléctrico a la empresa privada porque depende de los votos correístas. Todavía falta por ver si el Pleno de la Asamblea introduce nuevas mutilaciones en el texto. Y si Noboa, como ya hizo con la tibia e ineficaz Ley-No-Más-Apagones, se traga todas las ruedas de molino y le pone su firma al engendro resultante.

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