Las consejerías ad honorem son un oasis en el desierto del sector público
Son cargos honoríficos sin sueldo del Estado. No están bajo el escrutinio de la Contraloría y la Asamblea. El presidente Lasso ha nombrado 10 asesores
Con influencia, pero sin someterse al ojo de la Contraloría y de la Asamblea Nacional. Los consejeros de Gobierno ad honorem trabajan en ese dulce oasis en medio de un desierto llamado función pública. Al no ser servidores del Estado, no tienen que rendir cuentas, pero sus recomendaciones pueden influir en las decisiones presidenciales que a su vez repercuten en los ciudadanos.
El analista político y consultor en Gestión y Políticas Públicas, Gonzalo Albán, explica que la Ley Orgánica de Servicio Público no considera en ninguna de sus formas asesorías ad honorem, por lo que concluye que estas figuras pueden responder a cuotas políticas. “Esto termina siendo algo nocivo. No niego que exista mucha capacidad, pero por qué no existe esa vinculación (al sector público)... El problema está cuando quieras auditarlos”, comenta el jurista quien recuerda el caso del consejero Aparicio Caicedo, quien fuera señalado por un funcionario público de inmiscuirse en los concursos de méritos y oposición. Caicedo, a este medio, aclaró en su momento que se trató de una “cooperación interinstitucional” entre la Presidencia y el Consejo de Participación Ciudadana.
Podría pensarse, desde lo básico, que le ahorra recursos al Estado, pero: ¿es ético que personas por fuera del sector público influyan en las decisiones del presidente?
El presidente Guillermo Lasso sumó el 4 de marzo pasado otro nombre a la ya extensa lista de asesores, el de Roque Sevilla en materia de medio ambiente. El jefe de Estado, desde su posesión el pasado 24 de mayo, ha nombrado 10 consejeros de Gobierno: siete honoríficos y tres servidores públicos. Uno de ellos ya terminó su función, mientras que otro pasó de asesor a secretario técnico.
Con Albán coincide el también analista político Giuseppe Cabrera, en el sentido de cuestionar el riesgo de este espacio de privilegio en el que actúan los consejeros sin que su influencia sea observada. No solo eso. También cree que es menospreciar el valor del servicio público y relegar, en algunos casos, la figura de los ministros como asesores inmediatos del presidente. “En materia de medio ambiente no tiene mucho sentido tener a Roque Sevilla de consejero cuando ya tienes al ministro (Gustavo) Manrique. Si no basta están los viceministros o subsecretarios”.
A su criterio, las consejerías deberían crearse en áreas donde no existe un departamento, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción cuando el anterior Gobierno eliminó la Secretaría Anticorrupción.
Las consejerías deberían servir en áreas especializadas en una materia muy concreta en la que el presidente necesita una asesoría técnica. En las áreas grandes ya tiene a los ministros.
La analista y consultora política, Dayana León, concuerda en parte con Cabrera, sin embargo considera que por las propias ocupaciones de un ministro pueden existir vacíos en cuanto a recomendaciones o asesorías al presidente, por lo que entra a actuar el consejero. Esto también responde a un nuevo estilo de liderazgo, replica: uno pasado con asesores vinculados al Estado y otro actual que rompe ese esquema. “El nombramiento de consejeros tiene que ver mucho con la fórmula que el presidente le ha resultado como estrategia hacia el éxito. Creo que es parte de su forma de entender los niveles de liderazgo que no son los tradicionales que hemos visto”.
Hay que ver el rol que puede tener Roque Sevilla, si bien en temas ambientales, también en el tema de gestión gubernamental y su interrelación con los gobiernos locales teniendo cerca un proceso electoral.
