Consejo de la Judicatura recibe a la Asociacion Victimas del 30S
Tras los altercados registrados el 30 de septiembre de 2010, fueron condenados más de un centenar de uniformados a varios años de prisión.
El Consejo de la Judicatura recibió a la Asociación Víctimas del 30S, la mañana de este martes 31 de julio de 2018. El colectivo solicita que se realicen investigaciones a los jueces y fiscales que sancionaron a decenas de agentes de seguridad durante la revuelta policial ocurrida en septiembre de 2010 y que el expresidente Rafael Correa acusó de intento de golpe de Estado.
Los abogados de quienes fueron enjuiciados tras los altercados registrados hace ya casi ocho años, pidieron a la institución que se indague a los funcionarios que conocieron los casos.
Asimismo, entregaron un documento de Contraloría en el que se indica que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) manipuló información para conseguir sentencias condenatorias.
Como ya se adelantaba en un comunicado de las “víctimas del 30S”, el informe que presentan expone el uso de fondos públicos para supuestamente incriminar a los miembros de los aparatos de seguridad.
Menciona que “se estableció una premeditada manipulación de evidencias, falsos testigos, adulteración de documentos, empleo de fondos públicos para justificar nacional e internacionalmente una farsa integral de los hechos de un supuesto golpe de Estado y posteriores fraudes procesarle en contra de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas, policías y civiles”.
“Sepultaremos para siempre el pasado. Tengan la confianza de que estamos creando una sociedad indivisible que lucha contra la corrupción. Es nuestra obligación analizar casos como este y dar soluciones. Nunca más ocurrirá algo así en el país”, dijo el presidente del Consejo, Aquiles Rigail.
Por su parte, la vocal Angélica Porras aseguró sentirse “avergonzada como abogada y como ciudadana de que casos como el 30S hayan ocurrido en nuestro país. La justicia se utilizó como instrumento político”.
“El golpe de Estado”
El 30 de septiembre de 2010 la capital ecuatoriana fue escenario de altercados —a raíz de reivindicaciones salariales de agentes de la policía— que derivaron en un alzamiento de proporciones que el gobierno de Correa interpretó como un intento de golpe de Estado.
El expresidente adujo haber estado secuestrado en el hospital de la Policía de Quito, hechos que la oposición consideró una excusa por parte del mandatario para abrir una caza de brujas contra cualquier foco de crítica, incluidos periodistas.
