Consejo de Participación Ciudadana: al más guapo le falta un ojo

Si Johanna Verdezoto tuviera la sinceridad y los recursos verbales y expresivos para escribirla, su autobiografía sería el mejor testimonio sobre la perversión, inutilidad y estupidez del organismo del que forma parte y del que llegó a ser, en un vuelco insólito del destino, vicepresidenta: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tumor maligno de la democracia ecuatoriana. 

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Esta semana, en medio del escándalo de los chats del consejero Augusto Verduga, en los que se recoge con lujo de detalles el juego sucio que él y su pandilla practicaban en ese organismo creado precisamente para jugar sucio, la consejera Verdezoto, embarrada en sus propias corruptelas, volvió a ser beneficiada por un giro imprevisto de los acontecimientos y logró salvar su cabeza in extremis de la guillotina que le tenía preparada el correísmo en la Asamblea Nacional. 

A decir verdad, no se lo merecía (es decir: no merecía salvarse). Si finalmente el Pleno decidió no llevarla a juicio político para censurarla y destituirla no fue porque creyera en su inocencia (al contrario, su culpabilidad parece fuera de dudas) sino por el hecho de que aquellos que pretendían juzgarla eran mucho, pero mucho, muchísimo, infinitamente peores. 

Esta comedia de equivocaciones merece ser contada: no solo demuestra el nivel de putrefacción al que puede llegar ese organismo sino que resulta, a pesar de la tragedia que implica para el Ecuador, endiabladamente divertida.

Verdezoto simuló arrendamiento por un bono

Johanna Verdezoto, máster en Derecho Penal (lo que quiera que eso signifique en un país como este), es la primera rubia de ojos claros que llegó al CPCCS en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador: había postulado como montuvia porque venía de la provincia de Los Ríos y usaba sombrero campirano. Nomás le faltaba gritar aro-aro-aro. Lo habría hecho si alguien se lo hubiera pedido. 

Ya a mediados del año pasado, su permanencia en el Consejo tambaleaba porque se le había descubierto un chanchullo pesetero de ínfima cuantía pero de la peor especie. Ocurre que el CPCCS ofrece, a sus consejeros que llegan de las provincias, un bono de arrendamiento para que cubran su estadía en Quito y Verdezoto decidió beneficiarse de ese chequecito sin necesitarlo. Según el expediente que la Fiscalía abrió en su contra por el delito de concusión, lo cobraba con trampa y se lo embolsaba en complicidad con su amigovio. O lo que fuera.

-¿Conoce usted al señor Javier Bósquez? -le preguntaron cuando compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

-Sí, lo conozco, pero no voy a hablar de mi vida privada. -respondió la consejera.

Hábil salida porque Javier Bósquez, el amigovio en cuestión, consta en el registro de la propiedad como dueño del departamento de la calle Bosmediano donde Johanna Verdezoto vive sin pagar alquiler. Sin embargo, para efectos de cobrar el bono respectivo, ella simuló un contrato de arrendamiento de ese mismo departamento con una empleada del propio Consejo de Participación Ciudadana, que fingía de improbable casera. 

Llamada a declarar ante la misma comisión parlamentaria, Yuri Belén Paucar reconoció no ser la dueña del apartamento. Nadie le preguntó cuánto le tocaba por el favorcito. Si se considera la suerte con la que ha corrido Verdezoto en esta historia, no sería raro que se lo hiciera gratis.

Reuniones con Daniel Frías

Todo lo cual, siendo muy feo, no es ni de lejos lo peor. El chanchullo del bono de arrendamiento es una fruslería comparado con lo que Johanna Verdezoto hizo después. Se encontraba el CPCCS, supremo elector de los organismos de control del Estado ecuatoriano, entregado a la organización y ejecución del concurso para elegir al defensor público, cuando se descubrió que la consejera del pueblo montuvio mantenía reuniones secretas con uno de los aspirantes. 

Una conducta completamente indebida que hasta en los concursos literarios de parroquia entraña la descalificación de las dos partes. Más sospechosa aún si se considera la identidad del aspirante de marras: se trataba de Daniel Frías, exdirector de la Judicatura de Los Ríos (caramba, qué coincidencia) y que, para cuando todo esto se descubrió, era el participante mejor puntuado del concurso.

Probablemente lo habría ganado y ostentaría hoy el cargo de titular de la Defensoría Pública si no fuera porque la periodista Sara Ortiz, de diario EXPRESO, descubrió que el carro en el que se movilizaba, un Toyota Sequoia de 60 mil dólares o más, fue comprado a precio de gallina enferma a un intermediario que encubría a su propietario original, el narcotraficante Leandro Norero (hasta el impresentable prófugo Ronny Aleaga se movilizó en ese vehículo, para terminar de desprestigiarlo).

Agarrado con las manos en la masa, Frías renunció al concurso (pateando al perro, como corresponde) y Johanna Verdezoto… Pues Johanna Verdezoto, por increíble que parezca, mejoró su cotización en el mercado de poder del CPCCS.

Para mayo de 2024, todos sus colegas en el Consejo sabían de qué pie cojeaba. Más aún: sabían, en realidad, que había motivos suficientes para echarla. Pero esto es el CPCCS: ¿por qué habrían de echarla si podían sacarle partido? Así, los pecados de la consejera del pueblo montuvio se convirtieron en una ventaja inestimable a la hora de las negociaciones. 

La llegada a la Vicepresidencia del Consejo de Participación

En un organismo en el que los correístas y el gobierno luchaban por alzarse con la mayoría, ella ofreció su apoyo alternativamente a unos y otros a cambio de protección. Una situación precaria que el gobierno logró finalmente estabilizar en agosto con un golpe maestro: nombrar a Johanna Verdezoto vicepresidenta del organismo. 

¿Por sus méritos? Todo lo contrario: por sus delitos. Con esta jugada, compró su incondicionalidad y afianzó su mayoría. Así funciona el CPCCS: hay que tener rabo de paja para ascender. Así, Johanna Verdezoto ganó la vicepresidencia precisamente porque no se la merecía. Quedan para la historia las imágenes de su investidura, cuando el presidente Andrés Fantoni le tomó juramento con solemne cursilería (“jura usted por estos tres colores que enmarcan lo más alto que tenemos los ecuatorianos”) y los consejeros que votaron por ella ni levantaron la vista de la pantalla del celular.

Verdezoto, en la mira del correísmo

Desde entonces los correístas se la tienen jurada, claro. Primero, la legisladora de ese partido Ana Herrera presentó un pedido de juicio político en su contra por las dos causas de sobra conocidas: el chanchullo del bono de arrendamiento y las reuniones indebidas con el aspirante a defensor público. Luego, en cuanto los correístas recuperaron la mayoría, lo cual ocurrió tras la destitución del consejero de gobierno Juan Esteban Guarderas, lo primero que hicieron fue sacarla de la vicepresidencia. Y empezaron a conspirar con su consejero alterno para sustituirla. 

Pero otra vez el destino ha favorecido a nuestra heroína montuvia y el timing se ha acoplado a la perfección con sus intereses. No estaba en los cálculos de nadie que la sesión del Pleno para decidir si llevarla o no a juicio político ocurriera precisamente en la semana del escándalo de los chats de Augusto Verduga. Pero así fue. Y comparada con Verduga, hasta Johanna Verdezoto es Santa Juana de Arco.

El asesinato de Jimmy Ruiz

Porque Verduga es lo peor. ¿Qué puede importar el chequecito mensual de arrendamiento que cobraba de forma presuntamente fraudulenta Verdezoto, comparado con el cheque aquel que Verduga, según confesión propia, no pudo olvidar, y condujo al asesinato de su asesor, Jimmy Ruiz?

¿De cuánto sería ese cheque para que no pudiera olvidarlo, hasta el extremo de arriesgar la vida (ajena, claro)? De dos millones, dicen los propios productores de contenido digital que en los mismos chats de Verduga aparecen como voces de confianza a quienes encargar entrevistas de interés estratégico para el partido.

Y luego viene la correísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, y en la arenga que pronunció esta semana ante el Pleno, para convencerlo de la importancia de aprobar el juicio político contra Verdezoto, se suelta aquello de que “una consejera de Participación Ciudadana tiene que mantener la transparencia en el ejercicio de sus funciones”. Y se pregunta: “¿Qué hacía reuniéndose con uno de los postulantes que estaba entre los más puntuados (en el concurso de defensor público)?”. “Infracción gravísima -concluye- que podría ser hasta un tráfico de influencias”. 

Algunas revelaciones en los chats de Verduga

Y mientras habla Pamela Aguirre no hay un alma que la esté escuchando y que no piense en Verduga, en Andrés Arauz, en la estrategia coordinada y clandestina que ejecutaron con el propio bloque parlamentario de su partido. Verduga, que no solo chateaba con los postulantes en los concursos de los que era juez, sino que hasta les ayudaba a armar sus carpetas y les aseguraba: «Tenemos los votos para que seas designado». 

Y diseñaba las ternas que le correspondía diseñar al defensor público para imponérselas. Y bajo la coordinación de Andrés Arauz ofrecía el cargo de superintendente de Bancos a cambio de cuatro puestos clave en esa entidad. 

Y tejía estrategias para demorar concursos incluso presentando acciones de protección que él sabía ridículas. Todo en la más estricta clandestinidad. ¿Estos son los que se rasgan las vestiduras por los pecados de Johanna Verdezoto? ¿Y le exigen “transparencia en el ejercicio de sus funciones”?

He aquí la realidad del CPCSS: vicepresidenta precisamente porque no se lo merecía, salvada del juicio político aunque se lo mereciera, la consejera de los chanchullos resultó ser de lo mejorcito que tenemos.

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