El Consejo de Participación pierde el año en la lucha contra la corrupción
Más de 300 denuncias en el congelador del organismo El pleno remueve al encargado de esa área Se busca revivir los concursos con observación externa
Si no ha incumplido su principal misión que es la designación a tiempo de los titulares de las entidades de control, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tampoco le ha ido mejor en el segundo objetivo por el que fue creado: luchar contra la corrupción.
En el organismo, según los consejeros que forman la nueva mayoría, hay represadas 366 denuncias y alertas de posibles actos irregulares que no han sido tramitadas en los últimos tres años por la instancia responsable que es la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Ahí están pendientes de investigación denuncias en contra de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sobre recursos petroleros y mineros, de posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios estatales o vulneración de derechos de participación en entidades públicas y GAD.
En realidad, la lucha contra la corrupción ha sido uno de los ‘talones de Aquiles’ de la entidad que desde su entrada en vigencia, en 2010, no ha presentado o impulsado investigaciones de relevancia que tengan una conclusión favorable para el país.
En el CPCCS saben que están en deuda. Ayer empezaron los cambios. El primero en sufrir las consecuencias fue Enver Aguirre Macas, quien se venía desempeñando como secretario de Transparencia. Un informe lo ubica como el responsable del retraso y de una serie de omisiones.
Existe un listado de denuncias que están represadas y lo informaremos públicamente, en el momento oportuno.
Por ejemplo, que no haya presentado desde su posesión en 2019 los informes cuatrianuales de las denuncias admitidas, las no admitidas, derivadas a otras entidades por falta de competencia o las que han sido archivadas, pese a ser parte de un Reglamento del CPCCS.
Con estos antecedentes, el presidente Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo procedieron con la remoción del funcionario.
Aguirre se defiende. Reconoce que es potestad del pleno del CPCCS disponer su remoción, pero no está de acuerdo con las causales que se le imputan.
A EXPRESO le dijo que no se está valorando técnicamente el trabajo que ha hecho esa instancia del CPCCS. “En el inicio de la gestión, en septiembre de 2019, recibimos la Secretaría con 3.600 denuncias represadas, es decir, no gestionadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Esas han sido resueltas en su totalidad. Las 366 supuestas denuncias represadas, no corresponden a la realidad”, aseguró.
Concursos
La mayoría del CPCCS escuchó ayer a los funcionarios encargados de facilitar operativa y logísticamente los concursos de designación de autoridades como Contralor, Defensor Público, entre otros. Luego de oír sus versiones llegaron a la conclusión que, en rigor, ningún concurso había iniciado oficialmente.
Resolución
Ulloa mocionó que se disponga a la Unidad Jurídica del CPCCS la elaboración de informes técnicos para conocer con exactitud el estado actual de los concursos con base a la información proporcionada por los coordinadores de estos procesos. Algunos acudieron al llamado de la mayoría.
Asesoría
Participación invitará a organizaciones sociales con experiencia en veeduría y participación ciudadana para que participen en mesas de trabajo y conozcan los informes de la coordinación jurídica. El objetivo es que hagan observaciones del desarrollo de los concursos y los reglamentos que los rigen.
