El Consejo de Participacion trastoca los planes de la Asamblea
La Legislatura aplaza por una semana el inicio de la vacancia legislativa. La prórroga es para despachar el juicio que se tramita en contra de Carlos Tuárez y cuatro consejeros más.
La Asamblea Nacional decidió este 1 de agosto de 2019 que no se acogerá a la vacancia legislativa sin antes haber resuelto el juicio político que se tramita en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Para que el tiempo alcance, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió está mañana aplazar una semana el receso que en inició estaba previsto que vaya del 12 al 23 de agosto.
Ahora, el receso empezará el 19 de agosto y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, por pedido de la Comisión de Fiscalización que tramita las solicitudes de juicio político contra el presidente del CPCCS, Carlos Tuárez; la vicepresidenta, Rosa Chalá y los consejeros Victoria Desintonio y Walter Gómez.
El asambleísta y miembro del CAL, Patricio Donoso, del movimiento CREO, informó que se extiende el plazo con el objetivo de que la Comisión pueda entregar los informes de los juicios políticos planteados en contra de cuatro de los siete integrantes del CPCCS.
El primer documento debería ser presentado hasta el 8 de agosto, mientras que el segundo no debería ir más allá del 15 de agosto. “Esa prórroga tiene lógica en cuanto al receso porque no podemos dejar el tema del Consejo sin resolver antes de la vacancia”, señaló Donoso.
Una vez que se entreguen ambos informes es potestad del presidente de la Asamblea, César Litardo, resolver si la interpelación de la mayoría del CPCCS se hace en un solo plenario o en dos.
Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización sigue escuchando versiones y recopilando pruebas para sustentar el juicio político en contra de Tuárez, Chalá, Desintonio y Gómez.
Este 1 de agosto fue convocado el abogado constitucionalista, Augusto Tandazo, que fue uno de los expertos consultado por el CPCCS para que se refiera a los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional, misma que prohibió la revisión de los actos del Consejo transitorio.
Tandazo defendió el derecho de todas las instituciones del Estado de revisar los actos administrativos de sus antecesores.
Dijo que nunca fue llamado a ser parte de la comisión de expertos que revisaría el nombramiento de los actuales jueces constitucionales y considera que este grupo nunca quedó conformado por lo que no procedería, a su criterio, un juicio político.
