Ecuador y Perú: la historia oculta de dos pueblos que cuidan sus bosques en frontera

La lucha por preservar los ecosistemas biodiversos es el espejo en el que se miran dos comunidades en lados distintos de la frontera entre Ecuador y Perú. Sus habitantes desconocen que existe una comunidad con similares logros, como la creación de áreas protegidas locales, a escasos 40 kilómetros entre la línea limítrofe, y con similares dificultades por sortear.

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Una historia de resiliencia en la que campesinos intentan hallar alternativas sustentables con escasos recursos y poca presencia del aparato estatal.

Una suerte de invasión se cierne en la línea de frontera entre Ecuador y Perú, una zona que históricamente ha sido testigo de cuatro episodios bélicos por extensiones de territorio. Pero esta lucha, que ha trascendido desde hace más de 50 años, nada tiene que ver con armas de guerra, vehículos blindados o tropas uniformadas. Más bien, involucra al ser humano y su huella destructora en zonas de bosque primarios y ríos cristalinos, ahora en riesgo.

Las amenazas a la vida silvestre están latentes en el límite político imaginario, que se extiende por poco más de 1.500 kilómetros. Allí cohabitan cientos de especies de flora y fauna —como el puma y el oso de anteojos— muchas de ellas en peligro de extinción por la pérdida de vegetación y contaminación de fuentes de agua; a causa de la deforestación, minería, caza y otras actividades humanas.

Por ejemplo, en Ecuador, el apetito por la madera, el petróleo y el oro ha mermado la cobertura de bosques naturales. Del 2014 al 2022, el país sudamericano ha perdido 133 mil hectáreas de bosque nativo, según los registros del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Un equivalente aproximado a lo que ocuparían 186 mil canchas de fútbol.

Los remanentes de vegetación nativa tienen mayor presencia en el oriente, en las provincias amazónicas, donde también se multiplican los pozos petroleros y la minería legal e ilegal, una realidad compartida con Perú.

Un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) sobre la pérdida de bosque ocurrida entre 2001-2020 da cuenta del avance de la deforestación en ambas naciones: 623 mil hectáreas, en Ecuador; y, 2,9 millones de hectáreas, en Perú.

Las actividades extractivas han desencadenado problemas ambientales y sociales, que han registrado la academia, organizaciones ambientales y miembros de comunidades. Para el ingreso de petroleras se abren carreteras a sitios inhóspitos, que terminan siendo usados también para otros fines. Con el tiempo, esas carreteras parecen dibujar el esqueleto de un pescado, por los caminos secundarios que han aparecido verticalmente desde la vía principal, producto de la tala e invasión de colonos. Eso se evidencia desde vuelos o drones de monitoreo.

La fiebre por el dinero fácil también hace sucumbir a habitantes locales de poblados que conviven con ríos, como en el caso de la minería, y con ello aparecen mercados negros y negocios opacos.

Pese a que las autoridades e instituciones de ambos países han implementado algunas medidas de protección y cuentan con una red de áreas de conservación, esto no ha sido suficiente y ha trasladado, indirectamente, esa responsabilidad a otros actores que no cuentan con capacitación ni recursos necesarios.

No obstante, en varias zonas de esos países, donde el verdor de la naturaleza sobrevive, hay comunidades que siguen al pie de la letra el mandato de sus ancestros de conservar la naturaleza. También hay otras poblaciones que han repensando su presencia en el territorio.

Ese es el caso del pueblo ecuatoriano de San Andrés y de la comunidad peruana de Huancabamba. Aunque están en países distintos y sus habitantes desconocen que del otro lado de la frontera comparten sus ideas de preservación, su ubicación es tan próxima que solo los distancian unos 40 kilómetros en línea recta. Caminan acompañados —sin saberlo— por la vía de la conservación, sorteando las dificultades que aquello representa.

Por un lado, en San Andrés tratan de sanar al planeta. Campesinos y gobiernos locales de la provincia de Zamora Chinchipe se unieron en la búsqueda de ayuda en organizaciones no gubernamentales para crear áreas de protección por la vía formal. A la par, decenas de pobladores cercaron sus tierras para conservar los microbosques que seguían en pie, de facto, es decir, más allá de la ley ambiental.

En Piura, comunidades campesinas participaron en la creación de áreas de conservación privadas, espacios reconocidos por el Estado para la administración y cuidado del ambiente. La comunidad de Segunda y Cajas, de Huancabamba, se organizó para darle cara a la actividad minera que busca instalarse en sus territorios y que dejó un costo alto por varias vidas perdidas.

Son poblaciones que, sin saberlo, se están mirando en el espejo de la conservación y la resiliencia. Y hoy, más que nunca, necesitan acompañarse en su lucha.

El Valle de San Andrés y su radical forma para recuperar su bosque - Ecuador

La deforestación ha dejado cicatrices en el corredor montañoso de las provincias fronterizas de Ecuador con Perú. Sin embargo en una población de páramo y bosque montano, sus habitantes decidieron dar un respiro indefinido a la naturaleza con el cuidado radical de sus microbosques.

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Los guardianes del bosque y el agua: la travesía para defender la vida en Huancabamba - Perú

La comunidad campesina Segunda y Cajas al norte del Perú, en Piura, lidera el cuidado de una de las áreas fuente de agua y de mayor biodiversidad del país. Frente a la situación de conflicto latente en la que se encuentran por el ingreso de actividad minera que impactaría sus territorios, comuneros y especialistas buscan garantizar su protección.

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Este proyecto de Historias Sin Fronteras fue desarrollado con el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes e InquireFirst.

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