Una constituyente atrae, pero es riesgosa

Aunque no era un tema ampliamente abordado en los últimos años, la idea de citar al Ecuador a una nueva asamblea constituyente empieza a tomar vuelo entre los candidatos presidenciales de las elecciones generales de febrero de 2025.

Ahora, más de una carta presidencial ha reconocido la necesidad de cambios profundos en la Constitución para, entre otros temas, modificar la estructura del Estado (reduciéndolo a tres poderes), modificar el sistema parlamentario y destrabar los llamados “candados” para la inversión privada extranjera.

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Propuestas sin rumbo claro

La última experiencia de una asamblea constituyente fue la impulsada por el gobierno del expresidente Rafael Correa en 2007, que culminó con la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008. Una Carta Magna que, según sus promotores, era pionera en hablar de la soberanía, dignidad y la plurinacionalidad, entre otros hitos.

Más de 15 años después, que la idea de una nueva asamblea constituyente tome vuelo entre los aspirantes al Palacio de Carondelet no podría tener el mismo efecto buscado en Montecristi, según anota Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la constituyente impulsada por el correísmo.

“Las candidaturas que proponen convocar a una Asamblea Constituyente lo hacen sin especificar públicamente para qué. Algunas ni siquiera han hecho un esfuerzo para comprender lo que significa una Constituyente, proponen por pura novelería”, comenta y acota que el problema está en el fin de la medida.

Por ejemplo, sostiene que esta idea aflora, principalmente, de sectores que “buscan un borrón y cuenta nueva para que, inclusive, alguno de sus líderes pueda escapar de la justicia. Y otras lo hacen intentando desmontar aquellos elementos transformadores de la Constitución de Montecristi (...)”.

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Los riesgos de un nuevo proceso

Por otra parte, Santiago Pérez, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), señala que la Constitución de Montecristi sí necesita correctivos, pero que la vía de una asamblea constituyente podría ser nociva para el estado de derecho y la democracia ecuatoriana.

“Tenemos 16 candidatos a la Presidencia, eso demuestra que en el país no existe en este momento ningún tipo de consenso, de acuerdo, para llegar a políticas públicas”, dice y hace hincapié en que redactar una nueva Constitución es rearmar un contrato social entre los diferentes sectores sociales y políticos.

De hecho, comenta que con la polarización y crisis política que atraviesa el Ecuador desde hace algunos años, lo mejor para el país sería insistir en otros mecanismos de cambios como las enmiendas constitucionales y las reformas parciales a la Constitución, que permiten un espacio de maniobra.

“No necesariamente requerimos de una nueva Constitución para refundar al Estado. Hay otras herramientas”, acota y hace hincapié en que un nuevo proceso constituyente implicaría destinar importantes recursos económicos que se necesitan para otros rubros, como seguridad, educación y salud.

Pérez incluso sostiene que con una constituyente “el Estado podría verse paralizado sin dimensionar cuáles serían sus efectos en lo social y lo económico”, además de recordar que el correísmo podría tener la oportunidad para insistir en temas previamente rechazados, como la reelección indefinida.

Sin embargo, Acosta Espinosa señala que si los ecuatorianos están de acuerdo en asistir a una nueva constituyente, la misma se debería aprovechar para “ampliar y profundizar los derechos y las garantías, defendiendo e innovando algunas de las instituciones fundamentales del texto de Montecristi”.

Ahora, si una constituyente no sería viable para el contexto político-social del país, ¿por qué es un tema que empieza a levantar vuelo en las elecciones de 2025? Según Caroline Ávila, académica y especialista en comunicación estratégica y gubernamental, la respuesta está en el propio momento electoral.

“Es seductora la idea de un cambio. En esa misma línea se puede observar cómo casi todas las candidaturas, incluso la oficialista, hablan de un cambio”, comenta y anota que es un discurso que toma sentido cuando las cifras muestran que 8 de 10 ecuatorianos piensan que las cosas en el país están mal.

Sin embargo, Ávila señala que existe un riesgo de por medio: “Dado que la consecuencia puede ser que al momento de elegir a los delegados a la constituyente el voto militante de quienes ya articularon la constitución anterior sea el que se active y, por lo tanto, elija a quienes tienen ideas diferentes de lo que promovieron ese cambio”.

Algunos de los cambios anunciados 

Uno de los principales cambios que algunas candidaturas plantean es la reestructuración de los poderes del Estado. Actualmente, Ecuador se compone de cinco funciones: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Transparencia y Electoral. Sin embargo, la iniciativa es volver al esquema tradicional, solo con la Presidencia, el Parlamento y el sistema de justicia.

Derivado de esta propuesta, otras candidaturas promueven que Ecuador regrese a un sistema bicameral, con una cámara de diputados y otra de senadores. Esto con el objetivo de reducir el número de parlamentarios y exigir mejores perfiles.

Por otra parte, otra de las iniciativas surgió a raíz de la reciente crisis energética que atrasó el país. Algunas candidaturas buscan a través de una constituyente quitar el monopolio de los servicios al Estado para dar paso a las delegaciones de competencia a la empresa privada nacional o extranjera.

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