Constructora cobró sin trabajar

La constructora China Road and Bridge Corporation (CRBC) subcontrató el 100 % de los trabajos para la ampliación de la carretera Pifo-Papallacta, que une Pichincha y Napo.

La empresa estatal asiática debía además construir los puentes de la vía Puerto Quito-La Sexta y las alcantarillas del anillo vial de Santo Domingo. Pero ninguna de las obras las ejecutó. Según el informe DNA8-0009-2020 de la Contraloría General, la firma entregó la totalidad de los rubros a la empresa Consermin, cuyo accionista fue sentenciado en 2020 a ocho años de cárcel por haber pagado coimas a Alianza PAIS a cambio de proyectos.

La subcontratación se hizo pese a que existía una cláusula en el contrato para evitar que los trabajos de terceros superen el 30 % del total de la obra.

En 2012, la entonces ministra de Transporte y Obras Pública (MTOP), María de los Ángeles Duarte, y el representante de la constructora, Zhang Xin, suscribieron un acuerdo principal por $ 55,5 millones.

La auditoría, que se hizo pública en julio, sostiene que CRBC suscribió con Consermin un acuerdo por $ 11,7 millones, lo que equivalía al 21 % del valor del contrato principal.

Sin embargo, en la tabla de cantidades la firma china incluyó todas las obras, “lo que evidencia que, en la práctica, China Road and Bridge Corporation subcontrató la totalidad de los rubros”, dice la auditoría.

Ya en 2013, estas irregularidades fueron alertadas por el administrador del contrato, el viceministro de Infraestructura, Iván Sempértegui, y este a su vez informó al coordinador jurídico del MTOP y finalmente a la ministra Duarte.

La autoridad también conocía que la constructora formaba parte de la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial desde 2009, pues la firma asiática fue acusada de actos de corrupción en Filipinas.

Pese a todas las alertas, el informe de auditoría señala que las autoridades del MTOP nunca hicieron algo para solucionar la violación del contrato. Hoy Duarte está sentenciada y prófuga por el caso Sobornos.

En 2014 el precio de las obras aumentó. El Estado desembolsó $ 56,6 millones a la empresa CRBC. Esta, a su vez, pagó $ 11,7 millones a Consermin y, al final, se quedó con la diferencia: 44,6 millones.

El ‘ahorro’ que logró la firma extranjera se debió a que en las obras se emplearon materiales que no cumplían las especificaciones técnicas. Además, tampoco se utilizó el equipo técnico ofrecido ni la maquinaria que debían importarse desde China.

Por ejemplo, en once sitios de la vía Pifo-Papallacta, la carpeta asfáltica no cumplía el espesor de la ficha técnica. La Dirección de Construcciones del Transporte de la Contraloría y la propia contratista enviaron muestras a un laboratorio y allí se determinó que la capa de rodadura de hormigón asfáltico de la carretera Pifo-Papallacta tampoco está dentro de los rangos establecidos. La misma falla se repite en las cunetas, donde el hormigón no tiene la adecuada resistencia a la compresión.

La falta de equipos y retrasos en el cronograma de la obra generaron multas a la constructora por $ 8 millones, pero el MTOP no las cobró.

Martín Zhang, gerente de CRBC, dice que las conclusiones de la Contraloría son incorrectas. “Ellos no entienden cómo se organiza el trabajo de la construcción. Tenemos subcontratistas y proveedores locales y nuestro propio recurso invertido”.

Sobre la calidad de los materiales, Zhang señaló que el diseño fue del Ministerio de Transporte y que está mal hecho. “Desde el inicio de obra hemos presentado comunicaciones al Ministerio. En 2015 dijimos: los diseños no están bien. Por ejemplo, los pavimentos asfálticos, con ese diseño, no van a sostener el tráfico pesado que va a pasar en la vía”. Desde 2016, la recepción final de la obra no se ha firmado.

Un informe económico de Consermin, de marzo de 2014, detalla que CRBC también le delegó que ejecutara otras obras del régimen de Rafael Correa. La compañía ecuatoriana se encargó de la construcción de las vías Déleg-Surampalti (en Cañar), Lago Agrio-Quito, Huigra-El Piedrero (en Chimborazo).

En el Servicio de Contratación de Obras se detalla que la empresa asiática obtuvo otros cuatro proyectos con el Estado desde 2012 a 2017. Todos fueron por régimen especial, es decir que fue la única invitada a presentar su oferta. Estas suman $ 140 millones. Se ha encargado de la construcción del edificio Senescyt y del intercambiador de las avenidas Eloy Alfaro y de los Granados, en Quito. También desarrolló el proyecto vial Quinindé-Las Golondrinas, en Esmeraldas. Y de 2012 a 2017 ha pagado 9.723 dólares en impuesto a la renta, según el SRI.