Consulta popular: las once preguntas para una reelección en 2025

Una de las pocas explicaciones que cabe para entender el sentido de las once preguntas para la consulta popular es que a Daniel Noboa le interesa mucho más mantener intactas sus posibilidades de reelección para 2025 que concretar reformas relevantes. 

De las 11 preguntas que el gobierno de Noboa ha enviado a la Corte Constitucional, casi todas se las pudo evacuar con proyectos de reformas legales enviadas a la Asamblea, donde el Gobierno mantiene una alianza legislativa que le garantiza una cómoda mayoría, y cerca de la mitad, plantean temas que ya están vigentes en la legislación. Además, otras están planteadas en términos generales sin que sus anexos indiquen la reforma legal que se pretende hacer. 

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En efecto, la consulta tal como Noboa la plantearía si es que la Corte Constitucional acepta las preguntas, es un acto de campaña electoral: todas están pensadas en que recibirán un amplio apoyo en la población para que así Noboa salga como el gran triunfador y coseche las mieles de ese éxito en las elecciones presidenciales del 2025.

¿Para qué preguntar lo que ya está?

Varias de las preguntas plantean temas que ya están vigentes en la legislación. La primera, por ejemplo, plantea que las FF.AA. puedan combatir al crimen organizado internacional, cosa que ya fue aprobado en diciembre de 2023 por la Asamblea Nacional. Lo mismo ocurre con la segunda que plantea la posibilidad de que las FF.AA. realicen requisas y control de armas, municiones y explosivos en las rutas de acceso a los centros penitenciarios. 

La tercera interrogante también está ya en la legislación vigente y pregunta si se está o no de acuerdo en que los miembros de las FF.AA., policía, el personal de las cárceles no sean castigados con orden de prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación en caso de actos ejecutados con el uso de la fuerza. 

La pregunta cinco que tiene que ver con las medidas alternativas para cumplir una pena hasta el final de la sentencia también ya está vigente y bastaba una reforma legal para aumentar sus alcances. Las evaluaciones e informes sobre el patrimonio de los funcionarios del sistema de justicia también están vigentes desde hace mucho. Preguntar sobre temas sobre los que ya no hay que preguntar tiene un atractivo: no se cambia nada, pero se crea la ficción de cambio. Claro, con el detalle de que se gastarán 60 millones de dólares.

De la institucionalidad, nada

La consulta no expone ninguna pregunta que plantee la posibilidad de cambiar las instituciones que, es evidente, son una lacra en la vida democrática. No se toca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tampoco a la cueva de bandidos del Consejo de la Judicatura o el muy cuestionado Consejo Nacional Electoral. En otras palabras, el statu quo queda garantizado. 

A Guillermo Lasso se le puede achacar que escogió el peor momento para hacer su consulta, pero la verdad es que ha demostrado tener más ambición de estadista que Noboa con sus preguntas sobre la extradición y el Consejo de Participación. No se toca el tema del empleo o de las reformas que el sistema de seguridad social requiere. Nada.

Temas que entusiasman poco

La consulta popular era un ofrecimiento de campaña de Noboa y había que cumplirla. Sin embargo, los temas planteados en las preguntas no parece que fueran a entusiasmar mayormente a la población por ser asuntos que ya están vigentes y que no parece que vayan a solucionar la inseguridad. 

La militarización del país puede aún sonar popular pero, en la realidad, es un mecanismo al que se ha recurrido varias veces en los últimos años (sobre todo en el gobierno de Lasso) pero que no ha cambiado las cosas. 

Se preguntan cosas tan obvias como si la población está de acuerdo o no en que haya requisas de armas en las vías de acceso a las cárceles: algo así es imposible que pierda la consulta, pero no transmite a la población la idea de que al frente del Ejecutivo hay un líder que plantea cosas muchos más reformadoras.

¿Casinos en estas circunstancias?

La pregunta sobre el regreso de los casinos es sin duda la más desconcertante de todas. ¿A quién se le ocurrió incluirla cuando el país está siendo azotado por una ola de inseguridad vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero? 

Cuando se suponía que iba a llegar una consulta pensada en la situación de inseguridad, aparece una pregunta que plantea el retorno de un negocio que es reconocido como uno de los mejores mecanismos para lavar dinero. 

Fuentes relacionadas con los dos gobiernos anteriores sostienen que uno de los lobbies más fuertes que tuvieron que resistir es de grupos que buscaban la reintroducción de los casinos. ¿Alguien está pensando en un gran negocio? Parecería que sí.

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